Por Juan Velásquez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA. — Un análisis sobre las consecuencias de la dependencia extranjera, las decisiones políticas del pasado y el rol imprescindible de la sociedad civil en la reconstrucción institucional.
Han transcurrido más de tres décadas desde el inicio de un ciclo político impulsado por dinámicas personalistas que limitaron el relevo generacional dentro de las organizaciones partidistas. Aquel fenómeno populista, articulado en su momento bajo alianzas heterogéneas, derivó en medidas de gracia que sobreseyeron a los responsables de alzamientos militares. Lo que en su momento se presentó como un mensaje coyuntural terminó consolidando una hegemonía cuyas repercusiones institucionales y económicas persisten hasta la actualidad.
Desde las primeras explotaciones petroleras a comienzos del siglo XX, la riqueza del subsuelo condicionó la dinámica geopolítica de la nación. La dependencia casi exclusiva del hidrocarburo relegó el desarrollo de sectores clave como la agricultura, la ganadería y el turismo, al tiempo que supeditó la economía nacional a intereses externos. Esta vulnerabilidad estructural facilitó que distintos gobiernos priorizaran esquemas de alianza que progresivamente mermaron la soberanía e identidad del país.
El escenario actual trasciende la figura de una mera tutela internacional para configurarse como un estado de sometimiento. La combinación de opacidad administrativa, destrucción del aparato productivo y desintegración del estado de derecho ha provocado una de las crisis migratorias e institucionales más severas del continente, impactando severamente a la población venezolana.
La solución a la crisis estructural no reside en la intervención ni en la subordinación a potencias extranjeras. La verdadera capacidad de recuperación económica y social se encuentra en el capital humano venezolano: profesionales, técnicos y trabajadores formados en el país que hoy aportan su talento en diversas partes del mundo y que resultan indispensables para liderar un proceso de reconstrucción nacional basado en el mérito y la transparencia.
El restablecimiento de la democracia exige poner fin a la impunidad, el cese de la injerencia externa y el pleno respeto a la voluntad popular. La conducción política actual, respaldada por la ciudadanía y liderada por figuras clave como María Corina Machado, debe orientarse a garantizar la soberanía, la restitución de las garantías constitucionales y la autodeterminación del pueblo venezolano.