La representación legal invoca inmunidad soberana de jefe de Estado frente al tribunal de Nueva York, mientras el Ejecutivo estadounidense reitera la validez del proceso judicial por narcotráfico y conspiración
Con información de Agencias
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — La defensa técnica de Nicolás Maduro y Cilia Flores interpuso un recurso formal ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York con el objetivo de anular y desestimar los cargos penales formulados en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los abogados defensores argumentan que la imputación vulnera el principio de inmunidad soberana de un jefe de Estado en ejercicio y contraviene preceptos fundamentales del debido proceso internacional.
En la solicitud radicada en el expediente judicial, la representación legal sostiene que los tribunales de una nación carecen de jurisdicción penal sobre mandatarios extranjeros en funciones, catalogando la acusación como una extralimitación jurídica y política. Asimismo, el escrito califica como un vicio procedimental la forma en que se llevó a cabo el arresto y traslado de la pareja presidencial hacia territorio norteamericano, exigiendo el sobreseimiento inmediato de la causa.
Ante las peticiones de la defensa, la administración del presidente Donald Trump y los fiscales del Departamento de Justicia desestimaron los alegatos de inmunidad. El Gobierno estadounidense reafirmó la firmeza de la acusación penal, recordando que la posición oficial de Washington desconoce la legitimidad del mandato de Maduro, por lo que no le reconocen prerrogativas ni garantías diplomáticas en suelo norteamericano.
Las autoridades del Departamento de Justicia enfatizaron que el expediente no responde a motivos políticos, sino a un proceso legal derivado de acusaciones graves vinculadas al narcoterrorismo, conspiración para la importación de sustancias ilícitas y delitos relacionados con armas de fuego. Desde la perspectiva de la fiscalía, existen elementos probatorios sólidos para mantener la detención preventiva y avanzar de forma estricta hacia el juicio oral programado.
La resolución sobre esta moción de nulidad queda en manos del juez federal Alvin Hellerstein, quien fijó audiencias previas para revisar los argumentos de ambas partes. El caso se perfila como un precedente histórico respecto a los límites del alcance de la justicia ordinaria estadounidense frente a líderes internacionales no reconocidos formalmente por la Casa Blanca.