Por Pedro Galvis
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA. — Venezuela amanece hoy descabezada. El vacío de poder actual no es una mera interpretación política, sino el síntoma definitivo del colapso institucional provocado por el Rodrigato. La realidad es cruda y evidente: en Venezuela hoy no hay gobierno, sino una estructura vaciada de legalidad que ha abandonado sus funciones elementales. Un país sin liderazgo legítimo ni conducción real queda peligrosamente expuesto a la arbitrariedad, el caos y la descomposición absoluta. Ante este escenario de desmantelamiento total del Estado, la transición ya no es un tema de debate secundario; es una urgencia nacional impostergable que debe asumirse con determinación y firmeza.
Es hora de plantarse frente al abuso y exigir el cumplimiento estricto de la Constitución de la República de Venezuela. La ley fundamental no puede seguir siendo un texto moldeable al antojo de quienes usurpan el poder. Frente a la total ausencia de un Ejecutivo legítimo, la realidad fáctica nos obliga a demandar con fuerza la declaración inmediata de la vacante absoluta de la Presidencia de la República, tal como lo ordenan de manera taxativa los artículos 233 y 234 de nuestra Carta Magna.
El tiempo de las excusas y las prórrogas ilegítimas se ha agotado. Habiéndose vencido con creces el lapso constitucional previsto para la ausencia temporal, prolongar el estado actual de las cosas es una afrenta directa a la nación. Corresponde activar de inmediato los mecanismos de sucesión legalmente establecidos; la omisión o el silencio cómplice ante este deber histórico solo agrava la crisis de legitimidad y pretende sepultar de manera definitiva el orden constitucional.
La Constitución es clara y no admite interpretaciones acomodaticias ni lecturas convenientes cuando los plazos de la ley han caducado. Su aplicación rigurosa es la única trinchera que nos queda para restablecer la institucionalidad y cerrarle el paso a la anarquía. Bajo este principio de estricta legalidad, se hace indispensable exigir el cese inmediato de las funciones ejercidas por Delcy Rodríguez, cuya permanencia en el Palacio de Miraflores constituye una flagrante usurpación que fractura la República.
El camino hacia la libertad no admite claudicaciones ni medias tintas. Reafirmo el compromiso inquebrantable de luchar por una salida estrictamente institucional, constitucional y democrática, capaz de barrer con la arbitrariedad reinante. El objetivo es claro y no se negocia: restituir plenamente el orden republicano y forzar la convocatoria de elecciones presidenciales verdaderamente libres, devolviendo a los ciudadanos el derecho soberano de decidir su propio destino.