Corrupción en la Fiscalía: Señalan al Fiscal Superior, Jhonny Amundaray, por presunto amparo a tramas de «justicia bajo amenaza»
Despojo en El Tigre: Fiscal Sexta presionaría a víctima de violencia para entregar vivienda a quien no posee titularidad legal
Terror en Puerto La Cruz: Denuncian desalojos forzosos en el C.C. Colón mediante documentos forjados e ignorando sentencias del TSJ
Con información de Nota de Prensa
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA.— Una serie de denuncias que apuntan a un presunto esquema de corrupción, coacción y uso indebido del sistema de justicia ha encendido las alarmas en el estado Anzoátegui. Los señalamientos recaen directamente sobre la gestión del Fiscal Superior, Dr. Jhonny Amundaray, a quien acusan de permitir una estructura de «justicia por encargo» que favorece a empresarios locales y particulares por encima de la ley y las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El expediente de la infamia: Caso MP-62491-2021
En la zona sur, la Fiscalía Sexta, a cargo de la fiscal provisoria Keisy Willney Hernández Rojas, se encuentra en el ojo del huracán. Se le señala de presionar a una mujer en situación de vulnerabilidad para que entregue su vivienda a una persona que no figura como propietaria en el Registro Subalterno Inmobiliario.
Según los datos filtrados, el denunciante actúa bajo un poder notariado de administración que no autoriza la sustitución de facultades y carece de poder penal especial. Pese a que la propia fiscalía solicitó la tradición legal y confirmó que el reclamante no tiene derechos de propiedad, la funcionaria persistiría en coaccionar a la ocupante legítima, lo que sugiere un favorecimiento irregular de intereses privados.
Terrorismo judicial en el C.C. Colón e Inmar Los Aleros
La situación se agrava en la zona norte con el caso de la empresa Inmar Los Aleros. Trabajadores de la zona denuncian haber sido víctimas de desalojos violentos, amenazas de muerte y coacción por parte de fiscales locales. Hasta la fecha, diez locales comerciales han sido tomados bajo este procedimiento, ignorando decisiones firmes del máximo tribunal del país.
La denuncia señala que se está utilizando un documento de venta presuntamente forjado tras la muerte de su propietario original, en terrenos que pasaron a manos de Fogade y que hoy son objeto de ambición para empresarios vinculados al poder regional. «Están ejecutando justicia por encargo para despojar a los trabajadores de su sustento», denuncian los afectados.
Llamado a la intervención nacional
Ante la gravedad de estas irregularidades, que incluyen falsificación de documentos públicos y terrorismo psicológico contra las víctimas, gremios y afectados hacen un llamado urgente al Fiscal General encargado, Dr. Larry Devoe, para que intervenga de inmediato la Fiscalía Superior de Anzoátegui.
Exigen una investigación exhaustiva sobre la procedencia de los documentos de propiedad del terreno donde se erige el Centro Comercial Colón y el cese inmediato de las persecuciones judiciales que, lejos de proteger al ciudadano, parecen haberse convertido en un lucrativo negocio para quienes visten la toga de la justicia.