Por Juan Velásquez / Sec. Gral. Centrados en la Gente Anzoátegui
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.— Hasta la irrupción de María Corina Machado, el país transitaba por un desierto de liderazgo. No existía una organización capaz de capitalizar el descontento ciudadano ni de canalizar el rechazo sistémico hacia una clase política cuya gestión se tradujo en desconfianza, personalismo y, en última instancia, en un ejercicio abusivo del poder.
Hoy, solemos evocar a nuestros próceres como figuras de mármol que ofrendaron su vida por la libertad, pero la realidad es que el patriotismo, como ejercicio vivo, se desdibujó en nuestra cotidianidad hace años. Sin embargo, la intervención oportuna —tantas veces reclamada— es hoy una realidad palpable. Es el momento de que los herederos de nuestra gesta histórica actuemos en consecuencia; la indiferencia no es una opción frente a la tragedia de los presos políticos. Debemos ser claros: no es lo mismo un «político preso» que un «preso político», y ante la ley, la naturaleza de su cautiverio clama por una justicia que hoy brilla por su ausencia.
»La justicia es el estado donde cada actor obtiene lo que le corresponde. Una injusticia cometida contra un individuo, en cualquier lugar, es una amenaza para la justicia en todas partes. Lo que afecta a uno directamente, nos afecta a todos de forma indirecta».
La farsa parlamentaria y el nido de tránsfugas
El «Soberano» debe hacer valer su condición como fuente originaria del poder. No podemos seguir aceptando la representación de quienes no fueron elegidos por el pueblo, sino que son el subproducto de negociaciones opacas entre sectores de una «oposición» funcional que, tras bastidores, validaron a Jorge Rodríguez y su cuestionada estructura legislativa.
Para disolver este nido de tránsfugas y recuperar la institucionalidad, el camino es jurídico y ciudadano. La vía es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, fundamentada en los artículos 347 y 348 de nuestra Constitución.
La ruta legal es clara:
Se requiere el respaldo del 15% de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP).
Según interpretaciones previas del TSJ, este proceso puede activarse directamente por iniciativa popular sin la necesidad de un referéndum consultivo previo.
No es solo un cambio de nombres, es un cambio de sistema. La libertad no se negocia en despachos a espaldas del país; se conquista ejerciendo el derecho constitucional que la propia ley nos otorga para refundar la República.