Pensamiento
«La conciencia no tiene precio. Ni juntando todo el oro del universo podrás adquirir conciencia, porque la conciencia no se compra: la conciencia se cultiva día a día. Y el día que la obtengas, te darás cuenta de que el oro no tiene valor».
— Anónimo
Por Alexander Compiani / CNP 2.031
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA. —
Prohibidas las requisas
Las requisas ejecutadas por personal de seguridad privada en establecimientos comerciales de todo el territorio nacional están estrictamente prohibidas. Así lo establece el Código Penal en sus artículos 175 y 213.
La coerción y la usurpación de funciones por parte de particulares deben cesar de inmediato en los comercios. De acuerdo con los artículos 191 y 192 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuerpos policiales son los únicos que poseen la facultad legal exclusiva para efectuar requisas e inspecciones corporales o de pertenencias. La seguridad privada carece de toda autoridad para realizar dichos procedimientos.
Las alcabalas
Eliminar las alcabalas no es suficiente: los venezolanos exigen seguridad real y menores costos al transitar por las carreteras del país. La suspensión de los puntos de control policiales y militares genera más dudas que certeza.
Para la mayoría de los conductores, no se trata de una solución de fondo, sino de una medida coyuntural para distraer la atención mientras la extorsión y el «matraqueo» persisten. La historia lo confirma: cuando el Ejecutivo nacional suspendió el cobro de peajes con el argumento de aliviar el bolsillo ciudadano, la caída de los precios petroleros y la dolarización posterior trajeron de vuelta las casetas con tarifas elevadas, multiplicando los puntos de control.
El impacto no solo es de seguridad, sino profundamente económico. Las alcabalas se convirtieron en un peaje informal cuya «colaboración» obligatoria termina encareciendo el transporte de bienes y mercancías para todos los ciudadanos.
La basura: un negocio redondo
En El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, el servicio de aseo urbano enfrenta severos cuestionamientos debido a la contratación directa de una empresa privada sin el debido proceso de licitación pública.
Los términos de dicho contrato se mantienen en la opacidad ante la complacencia de la Cámara Municipal. La ciudadanía exige total transparencia y respuestas claras por parte del Ejecutivo local sobre las condiciones bajo las cuales opera el servicio.
Asimismo, resulta inaceptable que los tigrenses sean obligados a cancelar el servicio en divisas: los sectores populares pagan 2 euros, las urbanizaciones entre 4 y 6 euros, y el sector comercial soporta tarifas aún más drásticas. La recolección de desechos pasó de ser un servicio básico a un negocio redondo. Tras las elevadas tarifas de Fospuca, la comunidad debe asimilar ahora una nueva contratación al margen de la ley. ¡Menudo zaperoco!
Claridad y justicia para Guanipa
Los habitantes del municipio San José de Guanipa exigen claridad y justicia frente al estado de abandono que presenta la localidad. El progreso social es incompatible con gestiones caracterizadas por la desidia.
Si más del 70 % de las empresas operadoras del Campo Melones —que mantienen oficinas y galpones en la zona industrial de Guanipa— pagan puntualmente sus tributos, el municipio debería reflejar mayores niveles de prosperidad. Cabe preguntarse: ¿dónde están los recursos provenientes de la recaudación fiscal petrolera?
Por ley, estos ingresos deben reinvertirse en salud, educación, vialidad urbana y servicios públicos. Las autoridades municipales tienen la obligación de rendir cuentas sobre el destino de los fondos que corresponden por derecho a los guanipenses. Menos excusas y más respuestas.
La decadencia política
Causa indignación el discurso oficialista que responsabiliza a la ciudadanía del éxodo nacional, intentando estigmatizar como delincuentes a los venezolanos que buscaron alternativas ante la crisis. Del mismo modo, resulta insólito que se pretenda calificar el asilo político como un delito grave. Una muestra evidente de la decadencia en el debate público.
Colapse eléctrico en el sur de Anzoátegui
La severidad del colapso eléctrico continúa castigando a las comunidades del sur del estado Anzoátegui. Los ciudadanos alzan su voz frente a los continuos apagones de seis o más horas diarias, los cuales quiebran comercios y provocan cuantiosas pérdidas en los hogares por la avería de electrodomésticos.
A la par de las fallas, se denuncia el trato preferencial en la administración de carga del Plan Nacional de Ahorro Eléctrico. Habitantes de El Tigre señalan que en sectores como la urbanización Villa Garbán no se aplican los cortes del servicio, presuntamente por albergar a altos funcionarios de la administración pública.
Exigen cuentas sobre el petróleo venezolano
En el ámbito internacional, senadores del Congreso de los Estados Unidos han solicitado explicaciones sobre el manejo de aproximadamente 13.000 millones de dólares vinculados a transacciones petroleras venezolanas, exigiendo transparencia sobre el destino de dichos fondos.
La mafia de la gasolina
Los organismos de seguridad están en la obligación de investigar las irregularidades en la distribución de combustible en la zona sur de Anzoátegui. Resulta injustificable la formación de prolongadas filas de vehículos frente a las estaciones de servicio cuando las cisternas llegan con el volumen necesario para cubrir la demanda.
Conductores denuncian que importantes volúmenes de gasolina son desviados hacia las zonas mineras del estado Bolívar, dejando a las estaciones de El Tigre, Guanipa y Pariaguán con cuotas insuficientes. Mientras en la zona norte (Barcelona, Puerto La Cruz, Guanta y Lechería) el suministro se mantiene fluido, el sur del estado continúa sufriendo el desabastecimiento. Es urgente una fiscalización rigurosa.
Cuestionamientos a acuerdos energéticos
Los artículos 137 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen de forma taxativa que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos de pleno derecho.
Bajo este principio constitucional, analistas señalan la invalidez jurídica de los acuerdos petroleros suscritos sin la debida legitimidad institucional ni el aval de los órganos competentes del Estado. Un acto celebrado al margen de la Carta Magna no puede comprometer el patrimonio de la nación.
El picante
Avanzan las investigaciones en torno al insólito hurto de la botella de picante «No es mi culpa» (o gorrero). Trascendió que el frasco fue localizado en las inmediaciones de la finca «La Cochinera». El responsable se encuentra plenamente identificado y el agraviado sigue a la espera del pago de los 8 dólares correspondientes al valor del producto.
Impedimento de ingreso
Sectores de la sociedad civil manifestaron su rechazo tras conocerse que a la líder nacional María Corina Machado se le impidió el ingreso al territorio venezolano este martes 22 de septiembre. Dirigentes e independientes reafirmaron su compromiso con la vía democrática, la libertad y el cese de las restricciones políticas en el país.
Es todo por esta edición. Será hasta el próximo Centellazos, estimados lectores. Que Dios los colme de bendiciones, salud y éxito.
¡Qué vaina!