Con información de Infobae
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condene al Estado venezolano por la ejecución extrajudicial del concejal y fundador del partido Primero Justicia, Fernando Albán. El caso señala de forma directa al actual ministro de Defensa, general en jefe Gustavo González López, quien dirigía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) al momento de los hechos.
Albán falleció el 8 de octubre de 2018 mientras se encontraba bajo custodia en la sede principal del SEBIN. Según la CIDH, el Dirigente opositor fue arrestado en el aeropuerto internacional de Maiquetía sin orden judicial y permaneció en condición de desaparición forzada durante más de 20 horas antes de su deceso.
Conclusiones de la CIDH
La investigación del organismo internacional determinó que:
- La detención de Fernando Albán fue arbitraria, constituyó una desaparición forzada de corta duración, y la víctima fue sometida a torturas y ejecución extrajudicial bajo custodia estatal.
- El proceso penal tramitado en su contra vulneró el principio de legalidad.
- La investigación realizada por las autoridades locales no fue diligente y la privación de libertad respondió a un móvil discriminatorio por su militancia opositora (el régimen intentó vincularlo con un supuestos intento de magnicidio contra Nicolás Maduro).
Demandas de reparación y cadena de mando
La CIDH pide a la CorteIDH declarar la responsabilidad internacional del Estado venezolano y exigir una investigación seria en un plazo razonable que sancione a todos los responsables, incluyendo la cadena de mando, garantizando además la participación de los familiares de la víctima.
En este contexto, la ONG Laboratorio de Paz resalta el rol de González López dentro de esa cadena de mando, señalando que durante su gestión el SEBIN operó como un aparato de inteligencia destinado a perseguir, vigilar y neutralizar a adversarios políticos.
El informe también recuerda que tras la muerte del concejal, la versión oficial del entonces fiscal general Tarek William Saab atribuyó el hecho a un suicidio. Saab permaneció en el Ministerio Público hasta febrero de este año, cuando fue apartado del cargo por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y posteriormente nombrado jefe de la Gran Misión Viva Venezuela en marzo. Por su parte, González López continuó en las estructuras de poder, ocupando el cargo de consejero de seguridad presindencial tras los hechos de 2018, antes de asumir la cartera de Defensa.