En 2022 se emitió una resolución conjunta que autorizaba a los ciudadanos a grabar los procedimientos y prohibía el uso de capuchas o la confiscación de teléfonos móviles. A pesar de esto, los abusos continuaron
Con información de Infobae
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LA NUEVA ANTORCHA. — La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la eliminación de las alcabalas policiales o “puntos de control” en las ciudades de Venezuela, dispositivos que en los últimos años se han convertido en un símbolo de extorsión, persecución y graves violaciones a los Derechos Humanos. La medida se enmarca en su propuesta de reforma del sistema de justicia penal y su llamado a combatir la corrupción de los funcionarios policiales.
“Creemos que la seguridad debe garantizarse con mecanismos eficaces, profesionales y respetuosos de los derechos de las personas”, puntualizó Rodríguez, quien antes de los terremotos del 24 de junio había iniciado una consulta para reformar el sistema de justicia penal y convocó a los ciudadanos a denunciar los abusos cometidos por policías, fiscales y jueces.
Abusos y antecedentes históricos
Aunque supuestamente concebidos para combatir la criminalidad, estos puntos de control se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza para los ciudadanos. Un informe de la ONG Acceso a la Justicia señala que, si bien son herramientas para luchar contra el crimen, han sido empleadas en no pocas ocasiones para cometer actos de corrupción, extorsión y fechorías aún más graves.
Entre los casos más graves destacan:
- Caracas (2006): Funcionarios policiales no identificados y con armas largas masacraron a tres jóvenes universitarios en un barrio de Caracas al confundirlos con miembros de una banda criminal. Las víctimas intentaban huir al no poder reconocer a los agentes, quienes no portaban uniformes reglamentarios. El hecho motivó una resolución gubernamental para regular los puntos de control, exigiendo identificación visible, iluminación adecuada y prohibiendo el uso de capuchas.
- Maracaibo (2012): Agentes sin identificar abrieron fuego en un punto de control contra un vehículo y asesinaron a Karen Berendique, de 19 años, hija del cónsul honorario de Chile en Maracaibo, Fernando Berendique.
Regulación de 2022 y persistencia de denuncias
Acceso a la Justicia recuerda que en septiembre de 2022 los ministerios de Defensa e Interior emitieron una resolución conjunta para regular la actuación en las alcabalas. El artículo 20 de dicha norma estableció:
- Autorización a los ciudadanos para grabar audio e imágenes de los procedimientos.
- Prohibición de instalar puntos de control a organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
- Prohibición del uso de capuchas, pasamontañas o cascos integrales que oculten el rostro del funcionario.
- Prohibición de obligar a los ciudadanos a entregar sus equipos celulares, de grabación, o a borrar su contenido antes, durante o después de las verificaciones.
A pesar de estas normativas, las denuncias de atropellos no cesaron, impulsando la decisión de la presidenta encargada de intervenir directamente.
“No es justo que policías honestos paguen por quienes extorsionan al ciudadano, ni que fiscales y jueces íntegros sean señalados por las prácticas irregulares de otros. Quiero hacer justicia para los funcionarios honestos de Venezuela y quiero acabar con la matraca y la extorsión”, manifestó Rodríguez.