El juez federal Alvin Hellerstein pospuso la comparecencia para fines de julio a solicitud de la Fiscalía, en un proceso donde la pareja enfrenta cargos de narcoterrorismo que conllevan potencial cadena perpetua
Redacción LNA
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York reprogramó oficialmente la próxima audiencia previa al juicio de Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, fijando la nueva cita judicial para el 22 de julio de 2026. El juez federal Alvin K. Hellerstein aprobó el aplazamiento tras una solicitud formal de la Fiscalía de los Estados Unidos, que argumentó la necesidad de extender los plazos para el intercambio, procesamiento y revisión masiva de pruebas, evitando así conflictos con los procedimientos establecidos por la Ley del Juicio Rápido (Speedy Trial Act).
La defensa legal de la pareja presidencial venezolana —detenida en enero tras una operación militar estadounidense— se ha reestructurado estratégicamente con la incorporación de litigantes de alto perfil internacional. Entre las nuevas adiciones destaca la adscripción del abogado principal Barry Pollack, reconocido globalmente por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El fortalecimiento del equipo legal fue posible luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) modificara las sanciones económicas vigentes, permitiendo desbloquear los canales financieros necesarios para el pago formal de los honorarios de la defensa.
El núcleo de la acusación de la Fiscalía norteamericana señala a Maduro Moros como el presunto arquitecto de un sofisticado sistema estatal diseñado para traficar drogas hacia territorio estadounidense. Los cargos imputados de manera formal incluyen conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y la posesión e intención de uso de ametralladoras y dispositivos destructivos. Las autoridades judiciales afirman que la estructura utilizó pasaportes diplomáticos, bases militares y rutas bajo la custodia de la Guardia Nacional Bolivariana para facilitar el tránsito de narcóticos a gran escala.
Por su parte, tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores —quienes permanecen recluidos bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn— han rechazado categóricamente la totalidad de las imputaciones, declarándose «no culpables» ante el tribunal de Manhattan. El exmandatario se ha definido a sí mismo bajo la figura jurídica de «prisionero de guerra», argumentando que su traslado e interrupción del mandato constituyen una violación a la soberanía de su país. Previo a este ajuste de calendario, los abogados defensores retiraron voluntariamente los recursos que buscaban desestimar el caso por supuesta falta de acceso a una representación efectiva.
Dada la gravedad y la naturaleza acumulativa de los delitos federales imputados en el Distrito Sur de Nueva York, la pareja enfrenta severas penas que contemplan un mínimo obligatorio de 30 años de prisión y un máximo de cadena perpetua consecutiva. Los expertos legales señalan que, debido a la magnitud de los cargos por posesión de armamento pesado en apoyo a actividades criminales de narcotráfico, no existe viabilidad para el otorgamiento de fianzas de excarcelación, garantizando que ambos acusados permanezcan recluidos en territorio estadounidense durante el desarrollo de las sesiones previas y el posterior juicio definitivo.