El jurista señala que la figura de la «ausencia forzosa» representa un fraude procesal ideado para congelar los lapsos de la Carta Magna, generando delitos imprescriptibles, y exhorta a los EE. UU. a no cohonestar un Estado fallido
Con información de Nota de Prensa
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA. — Tras cumplirse el hito institucional del pasado 3 de julio, el abogado y docente en derecho constitucional, Francisco Abad, emitió un pronunciamiento especializado y político en el que declara el surgimiento del cese definitivo de cualquier vestigio de legalidad por parte del ejecutivo interino que conduce la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El jurista calificó la situación actual como un estado de «ilegitimidad jurídica real» con severas repercusiones para el futuro de la nación, debido a que la invención semántica de la «ausencia forzosa» —dictaminada tras la extracción de Nicolás Maduro— carece de sustento en la Carta Magna vigente, cuyos lapsos estrictos fenecieron de forma improrrogable.
»El derecho en Venezuela ha sido deformado hasta convertirse en una ideología al servicio de la continuidad fáctica del poder», aseveró Abad, explicando que, al cumplirse el lapso de seis meses que la Constitución estipula para la ausencia del presidente, el espíritu de la norma obligaba a declarar la falta absoluta y convocar de inmediato a elecciones. El especialista enfatizó que, al congelar los plazos bajo un supuesto falso, el régimen interino ha incurrido en un fraude a la nación, recordando que Venezuela se erige aún como un Estado constitucional y que la violación flagrante del texto fundamental es un delito de orden público que no prescribe.
En su análisis, el jurista desglosó las tres dimensiones de la crisis que se profundiza a partir de este quiebre institucional, comenzando por las consecuencias jurídicas, que dictan la nulidad absoluta de todos los actos emanados de este ejecutivo espurio y comprometen la responsabilidad penal futura de sus funcionarios. Asimismo, advirtió que en el plano político se disuelve la ficción de continuidad legal para entrar en una fase de pretorianismo y capitulación fáctica, mientras que en lo económico se cierran las puertas a la inversión internacional legítima, aislando el aparato productivo y agudizando la postración de la ciudadanía.
Ante esta realidad de control de daños, el abogado señaló que la vía más expedita jurídicamente para reconducir el país es la conformación de una junta de gobierno de transición que permita restituir el hilo constitucional. Bajo este contexto, formuló un llamado perentorio a la reserva moral y civil de la población venezolana a mantenerse alerta y vigilante, subrayando que, aunque las bases ciudadanas parezcan relegadas a ser testigos de piedra en la actual dinámica política, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y ninguna negociación de cúpulas puede suplantar la voluntad de refundar una nación independiente.
Para finalizar su declaración, Abad dirigió un exhorto institucional a los poderes de los Estados Unidos de América, apelando directamente al Congreso, las cortes y su estamento legal, para que actúen en coherencia con los principios fundamentales de los padres fundadores del constitucionalismo. «Washington no puede, por pragmatismo geopolítico o conveniencia de facto, convertirse en un patrocinador indirecto de regímenes hegemónicos que subyugan a sus pueblos, ni en el reanimador artificial de un Estado fallido como el que hoy padece Venezuela; el destino de nuestra república debe alinearse con la justicia de la ley y no con la convivencia de la fuerza», concluyó.