Efectivos por tierra y aire incursionan en el municipio Sifontes para desmantelar «pranatos» y abrir paso a la nueva Ley de Minería, provocando éxodos masivos y alerta en organizaciones de derechos humanos
Con información de Nota de Prensa
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — El sur del estado Bolívar, específicamente el municipio Sifontes y sus sectores clave como Las Claritas, Las Cristinas y el Kilómetro 88, se encuentra en el epicentro de un masivo y sorpresivo despliegue militar por parte del Estado venezolano. La operación, que se ha venido desarrollando con fuerza desde la primera mitad de junio de 2026, mantiene militarizado el corazón del Arco Minero del Orinoco bajo una fuerte ofensiva ejecutada por comisiones mixtas de seguridad enviadas desde Caracas y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes han tomado por tierra y aire los yacimientos estratégicos.
De acuerdo con denuncias de líderes locales como el exlegislador Américo De Grazia y reportes de medios de comunicación como NTN24, el operativo ha incluido intensos sobrevuelos y el uso de aeronaves militares que presuntamente abrieron fuego y ejecutaron bombardeos en zonas de minería clandestina. La acción de «plomo grueso» tiene como objetivo central desmantelar las estructuras criminales conocidas como «sindicatos» o «pranatos», enfocando la búsqueda en líderes negativos como alias «La Tata», así como neutralizar la logística de células delictivas que operan en la frontera, entre ellas reductos del «Tren de Aragua».
A la fecha, las autoridades estatales mantienen un estricto silencio comunicacional y no han emitido un balance oficial con cifras precisas de heridos, detenidos o fallecidos. Sin embargo, la situación en el terreno es de máxima alerta; ráfagas y explosiones provocaron el desplazamiento masivo de miles de mineros artesanales hacia zonas rurales. Localidades comerciales y campamentos mineros como Brisas de Cuyuní y Las Claritas lucen hoy como «pueblos fantasmas» debido al cierre total de comercios por temor a los choques armados, en medio de denuncias de los pobladores sobre saqueos de herramientas de trabajo y bienes de valor tras las incursiones.
A nivel interno, analistas señalan que esta intervención responde a la necesidad de reordenamiento territorial tras la aprobación, a inicios de abril de 2026, de la nueva Ley de Minería. Dicho marco legal busca facilitar la entrada de capitales privados y transnacionales a la explotación formal del oro, para lo cual el Ejecutivo requiere neutralizar los liderazgos negativos que controlaban las minas. En un intento por contener el descontento social, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, se trasladó a la región el pasado 15 de junio para reunirse con representantes mineros de Las Claritas, anunciando la creación de una oficina especial para censar y regularizar a los trabajadores informales afectados.
En el plano geopolítico y de opinión internacional, medios como Bloomberg destacan que el incremento de la presencia militar busca proyectar garantías de seguridad institucional para futuras corporaciones foráneas. En contraparte, organizaciones no gubernamentales como SOS Orinoco han encendido las alarmas, exigiendo transparencia y advirtiendo sobre el riesgo latente de violaciones a los derechos humanos de las comunidades locales y las etnias indígenas de la región sur.
Finalmente, portales de verificación independiente como Cotejo.info salieron al paso para combatir las matrices de desinformación en redes sociales que aseguraban, mediante videos editados, una supuesta presencia conjunta de helicópteros Black Hawk y tropas de los Estados Unidos en la zona. Los verificadores confirmaron que dichos materiales correspondían a operativos pasados en Colombia y Perú, ratificando que la actual incursión en el estado Bolívar es una acción militar ejecutada de manera exclusiva por las fuerzas de seguridad nacionales.