En un movimiento estratégico amparado por el Departamento de Estado de EE. UU., la presidenta de la AN-2015 sella en el Palacio Federal Legislativo una «mesa técnica paritaria» para redefinir el árbitro electoral
Con información de Nota de Prensa
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — El tablero político venezolano ha sufrido una sacudida de alta intensidad. En un retorno tan inesperado como quirúrgico, la doctora Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, pisó este jueves suelo caraqueño tras años de exilio en Madrid. Sin perder un minuto, y bajo el paraguas diplomático del Departamento de Estado de los Estados Unidos —cuyo encargado de negocios, John Barrett, sirvió de antesala institucional—, Figuera se introdujo en el epicentro del poder oficialista para reunirse cara a cara con Jorge Rodríguez. La cita decantó en un anuncio fulminante: la creación inmediata de una mesa técnica y política paritaria para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE), un viraje de «plomo grueso» que altera las coordenadas de las fuerzas opositoras y reconfigura los términos de la postergada transición venezolana.
Este acercamiento de alto calibre no es un hecho aislado, sino una jugada coordinada a tres bandas entre Washington, el ala parlamentaria del 2015 y los operadores de Miraflores. Al presentarse como una interlocutora dispuesta a destrabar el nudo institucional «para todas las candidaturas», Figuera introduce una cuña pragmática en la dinámica interna de la oposición tradicional. Para el oficialismo, recibir a la administradora de los activos en el exterior bajo un esquema de «reconocimiento paritario» representa un balón de oxígeno que busca relegitimar las instituciones del Estado, mientras que para el Departamento de Estado se traduce en una vía alterna y controlada para forzar condiciones mínimas de competitividad en una eventual contienda presidencial.
Bajo la estricta lupa jurídica, la viabilidad y los plazos de este nuevo acuerdo técnico deben someterse al tamiz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE). El ordenamiento es rígido: de acuerdo con el artículo 296 de la Carta Magna y los postulados de la LOPE, el Comité de Postulaciones Electorales requiere de lapsos perentorios que incluyen la convocatoria pública, la preselección de postulados de la sociedad civil y las universidades, y las objeciones de ley. Este procedimiento técnico-legal, si se ejecuta con la rigurosidad y transparencia demandadas en el Palacio Federal, consume un mínimo de 60 a 75 días continuos, lo que postergaría cualquier designación en firme de rectores hasta el último trimestre del año en curso.
Especulando sobre los escenarios cronológicos, los hilos de la ingeniería política parecen apuntar hacia un horizonte muy claro. Al consumarse la renovación del CNE a finales de septiembre o principios de octubre, el nuevo Poder Electoral necesitaría activar de inmediato el cronograma que rige los comicios. Tomando en cuenta los mandatos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) respecto a las fases de Registro Electoral, auditorías del sistema automatizado y postulación de candidaturas, el diseño de la convocatoria final comenzará a tomar forma real para fijar la cita presidencial en las tarjetas a mediados o finales del primer trimestre del próximo año.
La apuesta es de todo o nada en la capital. Mientras la mesa técnica paritaria arranca sus motores con agendas metodológicas estrictas, el país asiste a una negociación cruda donde las concesiones económicas y las garantías de coexistencia política serán el verdadero combustible del proceso. El retorno de Figuera demuestra que las vías de fuerza han quedado sepultadas bajo el peso del realismo político; ahora, la ruta hacia las urnas se escribe con la caligrafía del compromiso institucional, forzando a todos los actores a definir si se montan en el tren del nuevo consenso o se quedan aislados en la retórica de la confrontación estéril.
Para complementar esta cobertura informativa, puede consultar la Entrevista sobre la designación de Dinorah Figuera, la cual detalla el perfil de la parlamentaria y el contexto inicial de su asunción en la jefatura del parlamento en el exilio, proporcionando antecedentes clave para comprender su actual rol institucional.