El proceso se encuentra bajo la conducción del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang y mantiene su carácter confidencial mientras avanza en la recopilación de pruebas
Con información de El Nacional
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA.— La Corte Penal Internacional (CPI) aseguró que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela no ha sufrido interrupción alguna, pese a la reciente decisión del fiscal principal, Karim Khan, de apartarse del caso por un potencial conflicto de interés.
“El hecho de que el fiscal se haya excusado no tiene ningún impacto en la investigación en sí ni en otras actividades de la Fiscalía sobre la situación en Venezuela”, aclaró el funcionario de Información Pública de la Corte, Francisco González Centeno, en un mensaje en video difundido en las plataformas oficiales del organismo.
Presión creciente sobre Caracas
La declaración de la CPI ocurre en un momento de alta tensión diplomática para Venezuela. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que la investigación constituye una injerencia extranjera, países y organismos multilaterales han intensificado sus llamados a garantizar justicia para las víctimas de represión estatal.
La continuidad del proceso cobra relevancia adicional en medio de recientes informes de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos que documentan patrones de detenciones arbitrarias, torturas y persecución política.
El caso continuará ahora bajo la dirección del fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang.
González Centeno explicó que la salida de Khan responde a un procedimiento de transparencia ordenado por la Sala de Apelaciones, luego de determinarse que un familiar del fiscal había trabajado con el equipo jurídico de Venezuela ante la CPI, lo que podía comprometer la percepción de imparcialidad.
CPI promete continuidad del proceso de Venezuela
La Corte recordó que, conforme al Estatuto de Roma, los fiscales adjuntos cuentan con las competencias necesarias para continuar las investigaciones sin que sea necesaria la presencia del fiscal principal. La Sala de Apelaciones reiteró que no existe ambigüedad respecto de estas facultades.
La investigación, centrada en hechos ocurridos desde 2014, mantiene su carácter confidencial y se enfoca en la recopilación y verificación de pruebas sobre presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos, denunciadas por víctimas y organizaciones internacionales.
La CPI subrayó que la investigación sobre Venezuela sigue avanzando y que las víctimas pueden tener la certeza de que el proceso continúa bajo los estándares de independencia.
“El trabajo no se ha detenido”, reiteró González Centeno, en alusión a una de las investigaciones más observadas del continente.
El organismo también recordó que, en caso de que la Fiscalía considere necesario solicitar órdenes de arresto o citaciones para comparecer, estas serán presentadas ante los jueces del Tribunal, que deberán evaluar cada solicitud individualmente.
Tradicionalmente, estos procedimientos se efectúan bajo estricta reserva. Sin embargo, la Corte dejó claro que los jueces pueden decidir hacerlos públicos en situaciones específicas, como parte de estrategias para detener crímenes en curso, disuadir nuevas violaciones o facilitar capturas internacionales.