Decanos de Derecho y gremios introducen demanda ante el TSJ por la omisión del Ejecutivo en el ajuste del salario mínimo, anclado en el Artículo 91 constitucional
Con información de Agencias
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LA NUEVA ANTORCHA.—En un movimiento jurídico sin precedentes que busca romper el estancamiento financiero de la masa laboral venezolana, un grupo de decanos de las facultades de Derecho de las principales universidades del país, junto a líderes gremiales, formalizó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La acción legal señala directamente la omisión del Ejecutivo Nacional, que ha mantenido el salario mínimo oficial «congelado» desde marzo de 2022, ignorando la galopante realidad económica.
La coalición, integrada por autoridades académicas de la UCV, UC y ULA, junto a representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), sostiene que el Estado ha incurrido en una falta grave al no decretar ajustes que permitan a los ciudadanos hacer frente al costo de la vida. Para los demandantes, el silencio administrativo no es solo una decisión política, sino una violación flagrante a la progresividad de los derechos humanos y laborales en el país.
El documento presentado ante la Sala Constitucional no solo solicita una revisión de las tablas salariales, sino que busca sentar un precedente sobre la dignidad del trabajo. Los juristas argumentan que el mantenimiento de un sueldo base que apenas roza los pocos dólares mensuales, frente a una economía dolarizada de facto, ha pulverizado el poder adquisitivo de los empleados públicos y privados, dejando a millones de familias en un estado de vulnerabilidad extrema.
Puntos clave de la acción legal
La demanda se fundamenta en tres pilares esenciales que buscan forzar una respuesta inmediata del máximo tribunal:
- Imperativo Constitucional: Se denuncia el incumplimiento del Artículo 91, el cual reza que el Estado debe garantizar un salario suficiente que permita vivir con dignidad. Al no haber ajuste en casi cuatro años, este derecho se considera inexistente en la práctica.
- La Brecha de la Canasta Básica: Los demandantes subrayan el abismo entre los ingresos actuales y la realidad del mercado. Mientras la canasta básica se estima por encima de los $650 mensuales, el salario mínimo permanece estático, creando una crisis de subsistencia.
- Salarización de Bonos: Una de las peticiones más críticas es la medida cautelar para que bonos como el de «Guerra Económica» pierdan su carácter excepcional y sean integrados al salario. Esto permitiría que dichos montos tengan incidencia real en las prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos, hoy prácticamente simbólicos.