El abogado Villazana y efectivos del Ejército se han dado a la tarea de mantener un constante amedrentamiento y atropellos contra quienes cultivan las tierras
Por Alexander Compiani
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA. — Los agricultores Adelmarys Mata, María Medina y Gabriel Rodríguez, portadores de las cédulas de identidad números 8.475.090, 3.329.969 y 2.746.708, denunciaron que son víctimas de persecución, amedrentamiento y atropellos por parte de funcionarios de la Dirección de Seguridad Integral (DSI) de PDVSA San Tomé, con el fin de impedirles que continúen cultivando las tierras baldías y de tradición indígena en las zonas de Guara y Güico, parroquia Cantaura del municipio Pedro María Freites, estado Anzoátegui.
Responsabilizan directamente al gerente distrital de la empresa estatal, e igualmente al personal de la DSI bajo el liderazgo del abogado Villazana.
Según los denunciantes, Villazana utiliza a efectivos del Ejército y a oficiales de la empresa de seguridad Alborada & Cladoca —contratada por el consorcio Ace & Gas— para amedrentarlos y amenazarlos con desalojos forzosos de las tierras donde ejecutan proyectos comunitarios de producción agrícola y frutales, en una superficie de 650 metros cuadrados.
Los efectivos militares y oficiales de seguridad, al irrumpir en el lugar donde se está llevando a cabo la siembra de maíz, yuca y frutales, impiden que los trabajadores continúen con sus labores diarias.
Aseguraron que un oficial de seguridad de nombre William Nieves, perteneciente a la empresa Alborada & Cladoca, afirmó durante un recorrido por el área que tienen la autorización de no dejar ejecutar los proyectos agrícolas en la zona petrolera, sugiriendo que quienes se sientan afectados acudan a PDVSA: «Nosotros cumplimos con las órdenes emanadas».
»Estamos en contacto con el Ministerio de Agricultura y Tierras y el INTI a los fines de hacer valer nuestros derechos de cultivar las tierras para contribuir con la seguridad agroalimentaria de San José de Guanipa y El Tigre; pero PDVSA nos amedrenta, intimida y atropella bajo amenazas, utilizando a efectivos del Ejército», expresaron.
También informaron que acudieron a los jueces de paz para que intervengan y garanticen sus derechos constitucionales, los cuales hoy pretende desconocer la gente de PDVSA, en especial el abogado Villazana. Sin embargo, aseguraron que llevarán los reclamos ante el INTI, el Ministerio de Agricultura y Tierras, la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la República para frenar los atropellos.
Por último, exigieron a los representantes de PDVSA que, «si consideran que estas tierras de tradición indígena les pertenecen, vayan a los tribunales con documentos de propiedad a solicitar los desalojos forzosos a través de demandas». Asimismo, recordaron que «en una acción pasada contra Cipriano Contreras, legítimo representante de la comunidad indígena, se demostró la legalidad sobre todas estas tierras».
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