La organización política advierte que las estructuras represivas se mantienen operativas a pesar de los recientes cambios políticos
Con información de Nota de Prensa
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LA NUEVA ANTORCHA. — La directiva nacional del partido Primero Justicia respaldó este viernes 18 de septiembre los hallazgos presentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. La agrupación política denunció la persistencia de tratos crueles, torturas y detenciones arbitrarias durante el presente año, señalando que la impunidad continúa marcando el accionar de los organismos de seguridad.
La secretaria nacional de Derechos Humanos de la organización, Yajaira Castro de Forero, enfatizó que el aparato represivo no ha sido desmantelado en el país. La vocera advirtió que la consolidación de la transición democrática se mantendrá comprometida mientras continúe la persecución, el encarcelamiento y el amedrentamiento contra la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos constitucionales.
El documento presentado por la delegación de la ONU confirma que las instituciones señaladas por violaciones graves a los derechos humanos no han experimentado reformas estructurales. Aunque el informe reconoce un descenso en los casos de desapariciones forzadas y detenciones prolongadas en meses recientes, el organismo internacional precisó que estas variaciones no constituyen medidas institucionales sostenibles ni definitivas.
Asimismo, la representación partidista denunció la vigencia de instrumentos jurídicos restrictivos, entre los que destacan la Ley contra el Odio, la Ley Órgano Libertador Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales. La dirigencia sostuvo que estas normativas se combinan con la operatividad continua de los cuerpos de inteligencia y grupos armados irregulares sin que existan procesos de rendición de cuentas.
Entre los principales hallazgos del informe se documentaron 64 nuevos casos de tortura en recintos como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, muertes bajo custodia estatal, y al menos 214 detenciones arbitrarias registradas entre septiembre de 2025 y julio de 2026. Ante este escenario, la organización exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos, la investigación formal de los responsables y la reparación integral a las víctimas.