Por Juan Velásquez
Artículo de Opinión
LA NUEVA ANTORCHA. — ¿Cómo distinguir la realidad de la ficción cuando estos «cara dura» acumulan más de tres décadas en el despojo continuo de la soberanía de la nación?
Es fundamental resaltar que este proceso comenzó con el empeño mezquino de un mandatario octagenario y su «chiripero». Aquel episodio marcó el principio del fin del sistema de libertades, el cual fue progresivamente sustituido por grupos revoltosos que crearon las condiciones para el desorden institucional. Esto abrió el camino a quien, posteriormente, empuñó las armas contra el sistema democrático; una institucionalidad que costó muchas vidas construir para consolidarnos como República bajo la premisa indiscutible de que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo.
Como resultado de aquella miopía política, Rafael Caldera terminó premiando a un conspirador que se había enrolado en las Fuerzas Armadas con un solo objetivo: utilizar el uniforme y la sagrada responsabilidad de proteger a la nación para conspirar. Inspirado por delirios de autócrata, este personaje terminó entregado a la influencia de un psicópata criminal como Fidel Castro, el dictador que tomó por asalto a Cuba y sus instituciones. El colapso de ese modelo es tal que hoy en día la isla caribeña debería ser declarada en emergencia humanitaria, requiriendo la intervención urgente de las Naciones Unidas para evitar la inanición de su pueblo; un espejo que debe servir de advertencia para el resto del mundo.
Debido al saqueo continuado de estos cínicos, áreas vitales como la economía, la salud, la educación, la cultura y las tradiciones ciudadanas han sido degradadas a sus niveles más paupérrimos. La calidad de vida del venezolano ha sido destruida, y es imperativo ponerle un freno definitivo a esta realidad.
Bajo este escenario, la intervención militar institucional se presenta como una necesidad orientada a desarmar a los grupos subversivos, colectivos y elementos desadaptados que hoy representan un riesgo inminente para la seguridad del Estado y la recuperación de nuestras libertades.
En consecuencia, el norte definitivo debe ser la convocatoria a elecciones auténticamente libres para retornar al sistema democrático. Esta propuesta no es aislada, sino que forma parte esencial de los pilares y compromisos asumidos en el Manifiesto de Panamá.