Por César Mogollón
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.- La convocatoria del presidente Nicolás Maduro a la Comisión de Soberanía y Paz se inscribe en una coyuntura crítica para la República Bolivariana de Venezuela. Esta instancia, concebida para articular una respuesta nacional unificada ante las amenazas externas y la presencia de activos militares foráneos en el mar Caribe, resuena como un eco de la histórica e inmutable lucha del país por la autodeterminación.
I. Soberanía: Eje Histórico y Deber Constitucional
Históricamente, la soberanía ha sido el pilar de la narrativa venezolana. Desde la gesta independentista liderada por el Libertador Simón Bolívar hasta los desafíos geopolíticos contemporáneos, la defensa del territorio y la capacidad de decisión sin injerencia extranjera han moldeado nuestra identidad nacional. Cada crisis ha demandado un nivel de unidad nacional que trascienda las divisiones internas.
En el contexto actual, la situación en el Caribe no es un incidente diplomático menor, sino una amenaza real y tangible contra la integridad territorial y la paz de la República. El deber constitucional de defender la soberanía (Artículos 1, 5 y 130 de la CRBV) impone la obligación de deponer las armas de la política partidista y concentrar las energías en el frente externo.
II. Aragua: Del Protocolo a la Necesidad de Consenso Genuino
Nuestra reciente participación en el capítulo Aragua del Consejo de Soberanía y Paz, si bien necesaria, mostró una verdad incómoda. A pesar de ser un acto formal, protocolar y mediático, reveló la urgencia de construir espacios de diálogo auténtico. Si bien saludamos la iniciativa de convocar a amplios sectores, el formato requiere una evolución.
La unidad en torno a la defensa de la soberanía no puede limitarse a una mera fotografía de complacencia o un silencio cómplice ante los problemas internos. Es una realidad irrefutable que, más allá de las profundas diferencias políticas, ideológicas y de gestión, la amenaza externa exige un acuerdo mínimo y fundamental. Estamos obligados a establecer consensos en favor de la paz.
La convocatoria debe extenderse a cada rincón de Aragua y del país, no para el autoelogio o la confrontación estéril, sino para persuadir a la ciudadanía de que el peligro atenta contra la nación, y no solamente contra quienes detentan el poder.
III. La Amnistía como Puente para la Unidad Sólida
Aquí reside la clave para forjar una unidad verdadera y perdurable: la capacidad del Gobierno de generar gestos que demuestren una voluntad incondicional de reconciliación nacional. En este crucial episodio de defensa de la República, es vital que se evalúe la posibilidad de una amnistía general.
Un Estado que convoca a la unidad en defensa de la República debe, de forma simultánea, revisar las políticas internas que han exacerbado la confrontación y la división. Una amnistía no es un acto de debilidad, sino un poderoso indicio de fortaleza y madurez política. Permitiría la plena reincorporación de talentos y la normalización del debate democrático.
Quienes hoy ejercen la función de gobierno deben comprender que el debate y los acuerdos deben cimentarse en el consenso y en la necesidad de la autocrítica, el respeto y el reconocimiento mutuo como factores políticos legítimos. La defensa de la República no puede ser un cheque en blanco a la mala gestión o a la injusticia.
IV. Unidad Crítica: Ni Ciegos, Ni Mudos
Nuestra posición es inequívoca: lucharemos unidos contra el agente externo, porque la soberanía es un bien superior y no negociable. Sin embargo, al mismo tiempo, continuaremos exigiendo lo que es justo y vital para el buen funcionamiento del Estado.
La coyuntura nos impulsa a la cohesión, pero no podemos ser ni ciegos ni mudos ante las deficiencias internas. La verdadera fortaleza de una nación radica en su capacidad para resolver sus conflictos internos mientras enfrenta las amenazas externas con un rostro unificado. La Comisión de Soberanía y Paz debe ser el catalizador de esta doble tarea: unidad para la defensa y apertura para la reconciliación. La patria así lo demanda.