La incursión de empiristas y usurpadores en los medios de comunicación regionales desvirtúa el legado histórico del periodismo anzoatiguense, mientras la dirigencia gremial y las autoridades gubernamentales hacen la vista gorda ante el deterioro de las reivindicaciones y el desamparo social de los verdaderos profesionales de la comunicación
Por William Miquilena CNP 9.192
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA. — El periodismo en el estado Anzoátegui atraviesa uno de sus momentos más oscuros, asediado por el rampante ejercicio ilegal de la profesión que contamina los espacios informativos regionales. A su llegada a estas tierras orientales, el licenciado William Miquilena, egresado de la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA) —institución fundada en Maracaibo por el presbítero Gustavo Ocando Yamarte como estandarte del Complejo Niños Cantores del Zulia—, observó una plaza profesional antaño vibrante y rigurosa, que hoy sucumbe ante la piratería comunicacional y la falta de control en el ejercicio de una disciplina vital para la democracia.
Esta región fue históricamente la cuna de un periodismo diverso y de elevadísima factura técnica, alimentado por el talento egresado de las aulas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ) y destacados profesionales provenientes de Colombia, Perú y otras naciones. Ese periodismo de altura, construido con ética, investigación y responsabilidad social, está siendo paulatinamente desplazado por improvisados e intrusos que violan impunemente la Ley de Ejercicio del Periodismo, amparados en el silencio cómplice de las instituciones que deberían velar por el cumplimiento de la norma colegiada.
Resulta un insulto a la memoria colectiva que la improvisación intente sustituir el legado de baluartes ya desaparecidos físicamente como Migdy García, Luisa Narváez, Pedro Marrero, Enrique Cedeño, Carlos Enrique Silva, Pedro Medori, Francisco Mota con quien compartí muchos años de trabajo en la Dirección de Prensa de la Alcaldía del Municipio Sotillo y luego heredé de su manos la Dirección del Diario Metropolitano, al igual se recuerda a Eduardo Medori, Américo Hernández, Puga Padilla, Eber Lira, Elizabeth Laya (Chabela), Aminadac González, entre muchos otros. Estos gigantes de la comunicación trazaron una huella imborrable basada en el respeto al código de ética, la investigación rigurosa y la defensa intransigente de la verdad, virtudes que hoy escasean en un ecosistema mediático plagado de operadores sin titulación profesional.
Aún permanecen como faros de dignidad periodística referentes de la talla de Evaristo Marín, director de la agencia Notinorca y legendario corresponsal de Últimas Noticias, así como Don Augusto Hernández, quien a sus 99 años representa la memoria viva de la redacción y el fotoperiodismo de El Nacional. De igual forma, destaca la impecable pluma de Israel Quijada Ordaz, maestro de la redacción en medios impresos y radiales, cuya trayectoria contrasta dolorosamente con el abandono al que ha sido sometido mientras espera una cirugía ocular que no ha podido concretarse, evidencia inequívoca de la insensibilidad de gobernantes más enfocados en saquear las arcas públicas que en atender la salud de sus ciudadanos.
El deterioro del ejercicio comunicacional no solo proviene del intrusismo externo, sino de una profunda y destructiva desunión gremial que paraliza al Colegio Nacional de Periodistas (CNP). El órgano colegiado ha dejado de ejercer con severidad el mandato legal de exigir la titulación universitaria y el debido visado para el ejercicio de la profesión, permitiendo que micrófonos, prensas y plataformas digitales sean usurpados por personas carentes de la preparación académica y el compromiso deontológico que exige la Ley.
Esta degradación funcional impone la urgente necesidad de reagrupar a los verdaderos comunicadores sociales en una sola trinchera institucional para dar la batalla final por el rescate de la dignidad profesional. Es inaceptable que mientras los aventureros del micrófono lucran al margen de la ley, los periodistas de carrera carezcan de respaldos mínimos, seguros de salud dignos y planes de protección social que garanticen una vejez y una atención médica a la altura de su entrega histórica al país.
La defensa del periodismo en Anzoátegui no es un capricho corporativo, sino una garantía constitucional para la sociedad que tiene derecho a recibir información veraz y oportuna. Se exige de forma perentoria al CNP, a los medios de comunicación y a la colectividad en general cerrar filas contra el ejercicio ilegal de la profesión, depurar los espacios comunicacionales y activar mecanismos reales de previsión social que pongan fin al desamparo en el que sobreviven las reservas morales de nuestra comunicación regional.