Dirigentes políticos, gremios empresariales y juristas acusan a la Gobernación de Anzoátegui y a la Alcaldía de Barcelona de tomar un inmueble privado en el sector Crucero de Lechería sin orden judicial. Advierten sobre un grave precedente que socava la seguridad jurídica y ahuyenta la inversión en la región
Con información de Nota de Prensa
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA. — Una fuerte controversia jurídica y política se desató en el estado Anzoátegui tras la denuncia de una presunta ocupación irregular de un inmueble de propiedad privada en el estratégico sector Crucero de Lechería, municipio Urbaneja. La actuación implica directamente a funcionarios de la Gobernación de la entidad y de la Alcaldía del municipio Simón Bolívar (Barcelona).
Documentos presentados por los denunciantes confirman que el terreno cuenta con titularidad registrada e historial legal comprobable por más de tres décadas. La ocupación se ejecutó sin la exhibición de un mandamiento judicial ni la notificación formal de un procedimiento administrativo, vulnerando las garantías constitucionales del debido proceso.
Asalto a la seguridad jurídica e impacto económico
Pedro Galvis, dirigente de Vente Venezuela en el municipio Urbaneja, elevó la denuncia e identificó como responsables políticos de la medida al gobernador Luis José Marcano, a la secretaria de Gobierno, Patricia Homsi, y a representantes del ayuntamiento capitalino.
»Se está sentando un precedente de extrema gravedad contra la propiedad privada en uno de los corredores comerciales y turísticos de mayor valor en el oriente del país», alertó Galvis. El dirigente confirmó que acudirán a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir responsabilidades penal e institucional.
Representantes del sector empresarial y analistas económicos de la región manifestaron profunda alarma por las implicaciones del caso. Coinciden en que este tipo de actuaciones al margen de la ley deteriora sensiblemente el clima de negocios, genera desconfianza institucional y paraliza el flujo de inversiones en el estado.
Exigencias de la representación legal y política
Frente a lo que califican como un atropello institucional, la parte afectada y voceros políticos exigen:
- Cese inmediato de la ocupación: Paralización de cualquier obra, movilización o intervención sobre la propiedad.
- Garantía y restitución de derechos: Reconocimiento público explícito de los títulos de propiedad debidamente protocolizados.
- Investigación penal y administrativa: Apertura de expedientes en los órganos de control para determinar la responsabilidad individual de los funcionarios actuantes.
- Resarcimiento de daños: Evaluaciones para garantizar la reparación integral de los perjuicios ocasionados y el compromiso explícito de no repetición.
Al cierre de esta edición, ni la Gobernación del estado Anzoátegui ni la Alcaldía del municipio Simón Bolívar han emitido pronunciamientos oficiales respecto a las imputaciones presentadas.