El expresidente firmó la orden ejecutiva que restituye este método de pena capital para crímenes de alta traición e insubordinación grave dentro de las Fuerzas Armadas
Con información de Agencias
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — El presidente Donald Trump ha autorizado formalmente el uso del fusilamiento como método de pena de muerte para miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, marcando la primera vez que se aprueba esta medida en el ámbito militar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La resolución, que reforma el Código Uniforme de Justicia Militar, busca reinstaurar métodos tradicionales de castigo severo para delitos extraordinarios cometidos en filas del ejército, como la alta traición, la deserción en tiempos de conflicto o el espionaje grave.
La iniciativa retoma una práctica que no se aplicaba a nivel federal militar desde enero de 1945, cuando el soldado Eddie Slovik fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento tras ser hallado culpable de deserción en el frente europeo. Durante décadas, la justicia militar estadounidense reservó la pena capital para casos excepcionales, utilizando la inyección letal como el protocolo estándar; sin embargo, esta nueva ordenanza amplía las opciones de ejecución disponibles para los tribunales militares ante condenados por faltas gravísimas contra la seguridad nacional.
De acuerdo con las declaraciones emitidas desde la Casa Blanca, la decisión responde a una estrategia para fortalecer la disciplina, el orden y la disuasión dentro de la estructura castrense en un entorno geopolítico cada vez más hostil. Portavoces gubernamentales enfatizaron que el rigor en los castigos militares es un pilar fundamental para mantener la cohesión de las tropas y asegurar que los actos de traición o sabotaje interno reciban la máxima sanción de forma contundente e inmediata.
La medida ha generado intensos debates en el ámbito jurídico y político del país, dividiendo a constitucionalistas, legisladores y organizaciones de derechos humanos. Mientras que los sectores conservadores y analistas de defensa respaldan la resolución argumentando que el presidente ejerce sus facultades legítimas como comandante en jefe para disciplinar a las Fuerzas Armadas, diversos juristas advierten que la reinstauración del pelotón de fusilamiento podría enfrentar apelaciones ante la Corte Suprema por posibles vulneraciones a la Enmienda Octava de la Constitución.
A pesar de las objeciones legales, el Pentágono ya ha comenzado la actualización de sus reglamentos internos para adecuar las instalaciones e instruir a los mandos correspondientes sobre el protocolo operativo a seguir. La aplicación efectiva de esta norma quedará sujeta a las sentencias futuras que emitan los consejos de guerra, reabriendo así un capítulo de la justicia militar que se consideraba superado en la historia contemporánea de la nación.