La AN de 2015 insiste en reestructurar el Poder Judicial como condición indispensable para garantizar la transparencia y el retorno a la institucionalidad en Venezuela
Con información de Agencias
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, ratificó este 30 de septiembre la firme intención del parlamento opositor de concretar la designación de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de que finalice el año. La parlamentaria enfatizó que la reestructuración integral del sistema de justicia constituye un requisito imprescindible dentro de la agenda democrática para asegurar las garantías institucionales necesarias de cara a futuros procesos electorales.
Figuera explicó que esta propuesta legislativa se desarrolla de manera paralela a la exigencia de garantías civiles y políticas fundamentales para el liderazgo opositor. Entre las demandas prioritarias del sector parlamentario destacan el levantamiento definitivo de las inhabilitaciones administrativas impuestas a dirigentes políticos, la restitución formal de las tarjetas electorales intervenidas y la devolución de los bienes e infraestructuras pertenecientes a las organizaciones partidistas.
Estas declaraciones surgen en medio de una profunda polarización e institucionalidad paralela en el país. La iniciativa promovida por la AN de 2015 coincide en el tiempo con el procedimiento iniciado por el sector oficialista de la Asamblea Nacional en Caracas, el cual conformó su propia Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales con el propósito de nombrar a sus magistrados en el máximo tribunal.
Ante este panorama, la representación del parlamento opositor busca ejercer presión estratégica para lograr una reconfiguración de las instituciones del Estado. Este planteamiento posiciona la imparcialidad y legitimidad del Poder Judicial en el centro del debate político, marcándolo como un eje prioritario dentro de eventuales mesas de negociación orientadas al restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela.
Finalmente, el pronunciamiento reitera el compromiso de la directiva parlamentaria de mantener la vigencia del mandato legislativo como contrapeso institucional. Las autoridades del parlamento electo en 2015 sostienen que la renovación del TSJ resulta un paso determinante para restituir el Estado de derecho, la seguridad jurídica y el respeto a la voluntad popular en la nación.