La aprehensión de alias «Richard la fresa» confirma la venganza como móvil del crimen contra la vocera comunitaria de El Morro de Puerto Santo
Con información de Nota de Prensa
Sucesos
LA NUEVA ANTORCHA. — El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) logró un avance decisivo en el esclarecimiento del asesinato de Lylianna Claret Tineo con la captura en Carúpano de Richard Augusto Brusco Velásquez, alias «Richard la fresa». Tineo, quien se desempeñaba como dirigente del sector pesquero y vecinal de El Morro de Puerto Santo, en el municipio Arismendi del estado Sucre, fue ejecutada de un disparo en la cabeza frente a su residencia la noche del pasado 2 de julio.
Brusco Velásquez se convierte en el segundo aprehendido por este hecho que conmocionó a la península de Paria. Tras su detención, fue presentado ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Control del estado Sucre, donde se le imputaron los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y motivos fútiles, así como asociación para delinquir. La audiencia preliminar del imputado quedó fijada para el próximo 19 de octubre.
De acuerdo con las investigaciones presentadas por el director nacional del Cicpc, Comisario General Douglas Rico, el móvil del crimen responde a una venganza vinculada a la labor social de la víctima. Tineo, en su rol de vocera del Consejo de Pescadores y Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa) Península de Paria Gran Escala, pretendía denunciar a grupos delictivos que mantenían en zozobra a la comunidad, lo que la convirtió en el blanco de la organización criminal.
El ataque armado fue perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, de los cuales Jhon Luis Aguilera Franco —previamente detenido— accionó el arma de fuego a quemarropa en presencia de dos vecinas de la zona. Las autoridades mantienen un operativo de búsqueda para dar con el paradero de otros tres implicados en fuga pertenencientes a la banda «El Chipilín»: Yosmer Argenis Reyes (alias «Chipilín»), su pareja María Estefanía Lárez Rivas, y Ángel Javier Flores Ugas (alias «Kika»).
En el marco de este proceso judicial, trascendió además la recusación y separación del caso de la fiscal séptima del Ministerio Público en la entidad, Dorielys Benilde Mata González. La funcionaria fue señalada por incurrir presuntamente en omisión y retardo procesal, delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción, lo que busca garantizar la transparencia y celeridad en la impartición de justicia.


