Por Ronny Leonardo Padrón Pérez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.- Ni más ni menos. Pasados 30 días de los comicios presidenciales son muy pocos los países que reconocen formalmente a Edmundo González Urrutia como Presidente electo de la República de Venezuela, acto jurídico de naturaleza internacional, esencial para que inicie su ejercicio pleno de competencias políticas, cruciales para poner punto final al genocidio vigente en suelo patrio, ya potenciado desde el 28J.
Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá, son las naciones de América Latina cuyos gobiernos dieron un paso al frente atestiguando justicia y solidaridad con el régimen democrático de libertades necesario en todo el orbe. Pero se requiere que toda la comunidad democrática internacional o al menos medio centenar de países otorgue dicho reconocimiento a efectos de apuntalar con legitimidad este gobierno venezolano recién electo. Asombra, que en circunstancias políticas más adversas y confusas hemos visto proceder al reconocimiento internacional de otros mandatarios en este continente, sin embargo en nuestro caso se evidencian pretextos ajenos a la práctica internacional, de espaldas incluso al sentido común considerando como fuere que la crisis humanitaria venezolana es un hecho público, notorio y comunicacional de larga data, registrado a nivel mundial, así entonces cabía esperar una reacción internacional mucho más proactiva ante la posibilidad real de poner fin a esta tragedia.
Resulta evidente que, ante el control absoluto del poder público venezolano por parte del régimen de facto acá dominante (PSUV) destacando sobremanera la sumisión de su único sostén y aval: la fuerza policial y militar, se hace necesario el apoyo inmediato de países democráticos en real capacidad y disposición para aplicar medidas diplomáticas y económicas contra la jefatura de ese grupo delictivo organizado, actualmente sujeta a recompensas millonarias por su captura, en razón de causas judiciales extranjeras por la comisión de delitos de terrorismo, tráfico de drogas y corrupción administrativa, entre otros.
Diezmado como fuere el patrimonio mal habido asentado en suelo extranjero, propiedad de civiles y militares personeros del régimen opresor, resultará más viable un sometimiento de su fuerza policial y militar ante el gobierno legítimo recién electo, restaurando así el orden constitucional, poniendo fin a esa política sistemática violatoria de los derechos humanos diariamente ejecutada por militares y policías; esto haría innecesaria la conformación de una fuerza militar ad hoc por parte del presidente electo que amparado en el ordenamiento jurídico nacional e internacional haga uso legítimo de la fuerza, para alcanzar los mismos objetivos. Oración y trabajo.
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