Por: Ronny Leonardo Padrón Pérez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.— Hispanoamérica preserva una tradición militarista que, hoy por hoy, le brinda más penas que glorias. Esta realidad se fundamenta en una evidente incapacidad para resguardar la soberanía territorial, destacando, en cambio, por una preocupante propensión al delito administrativo y, en los casos más graves, por el apoyo institucional a grupos delictivos organizados especializados en el tráfico ilícito de drogas.
El narcotráfico como cáncer institucional
El tráfico ilícito de drogas es un delito internacional por su capacidad de trascender fronteras, socavando la salud pública y la seguridad global. En consecuencia, cuando las instituciones del Estado se pliegan por entero ante la influencia de este «vil comercio», la sanción debe ser proporcional a la gravedad de lo que representa: una forma moderna de esclavismo humano.
Esta traición es aún más alarmante cuando proviene de las instituciones armadas, ya sean militares o policiales. Estas organizaciones, destinadas por mandato republicano a resguardar el orden interno y la integridad territorial, exigen una formación académica y ética de alto nivel. Sin embargo, cuando esa salvaguarda cede ante los embates del enemigo —ya sea por incentivos dinerarios, afinidad ideológica o intereses personales— la institución pierde su razón de ser.
La fragilidad ética ante el «Socialismo-Tráfico»
En nuestra región, este fenómeno ocurre con una frecuencia alarmante debido al auge de modelos ideológicos que han forjado alianzas con el narcotráfico. Esto ha puesto al desnudo la fragilidad ética de los estamentos armados. El agravante es la perpetuación de contingentes ya «contaminados», cuya permanencia se justifica erróneamente en la incapacidad fáctica de reemplazarlos por nuevas promociones en número suficiente.
»La mera permanencia en el seno de instituciones probadamente obedientes al binomio socialismo-tráfico inhabilita moralmente a cualquier funcionario para ejercer cargos en la Administración Pública de un Estado democrático».
Refundación: El único camino democrático
Vistas las recientes y dolorosas experiencias en la región, abogamos por soluciones estructurales:
- Supresión total: Es imperativo apartar al personal de instituciones que hayan servido a estructuras criminales.
- Responsabilidad integral: La salida del cargo no exime de las responsabilidades penales, civiles y administrativas correspondientes.
- Refundación asistida: Es preferible reconstruir las instituciones armadas desde cero, con el apoyo de la comunidad democrática internacional y procesos apegados a la ley, que cohonestar la impunidad.
Aceptar la continuidad de lo corrupto solo garantiza resultados adversos para la libertad. Prohibido olvidar.
Oración y trabajo.
Contacto: caballeropercivall@gmail.com