Ginebra (Suiza).- El manejo de la política salarial y de bonificaciones en Venezuela continúa bajo la lupa internacional. En el marco de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT, celebrada en Ginebra, Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) y de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), admitió que el polémico Bono de Responsabilidad Profesional —o de Responsabilidad Académica— fue impuesto de manera unilateral por el Ejecutivo, al margen de la consulta con las organizaciones sindicales.
“Ese segundo bono fue diseñado por los técnicos del gobierno, se comenzó a pagar el 30 de abril y tiene una estructura gradual (…). Ese bono no fue discutido con la central, simplemente los técnicos lo decidieron y lo aplicaron”, reconoció el dirigente sindical en declaraciones a Unión Radio.
El sesgo de la Onapre y la Plataforma Patria: una política discriminatoria
A pesar de que López calificó de «avance cualitativo» el reciente ajuste del Ingreso Mínimo Integral indexado a 240 dólares para la base de la administración pública, la aplicación del Bono de Responsabilidad Profesional ha encendido las alarmas por su carácter excluyente y fragmentario.
La asignación de este beneficio a través de la Plataforma Patria y bajo los parámetros de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), evidencia una marcada política de segmentación. Mientras el beneficio ha sido asignado con regularidad y prioridad a la cúpula del estamento militar y a selectos sectores de la burocracia civil, las bases operativas del sistema de salud y de la educación han quedado relegadas, profundizando la brecha de desigualdad institucional.
El propio coordinador de la CBST ejemplificó la gravedad de esta exclusión en el sector sanitario:
“Hemos planteado que se debe discutir la metodología y estudiar la extensión hacia otros sectores de trabajadores de nivel profesional que no fueron favorecidos. Estoy hablando de los médicos residentes de los hospitales; se les pagó a los médicos especialistas y titulares, pero no a los residentes, que son el grueso fundamental del sistema de salud”.
Esta discrecionalidad técnica de la Onapre no solo desestima la meritocracia, sino que castiga a quienes sostienen las guardias y la atención primaria en los centros asistenciales del país, violando el principio constitucional de a igual trabajo, igual salario.
Mesas de diálogo bajo presión gremial
Ante el malestar generalizado en las dependencias estatales, López informó que la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales se mantiene en sesión permanente. Con el fin de canalizar los reclamos por las distorsiones salariales impuestas desde los despachos técnicos de Caracas, se estructuró una metodología dividida en cuatro comisiones de trabajo:
- Sector Público: Comisión encargada de evaluar y compilar las propuestas y exigencias de los funcionarios del Estado.
- Sector Privado: Instancia destinada a recibir los aportes y realidades del sector empresarial y comercial.
- Seguridad Social: Mesa orientada a la revisión de las contingencias de salud, pensiones y jubilaciones.
- Comisión Técnica Central: Ente que procesará y cruzará la información recabada por las tres comisiones anteriores para presentar una propuesta unificada.
Finalmente, el vocero sindical indicó que el debate se ha extendido a las regiones para pulsar la opinión de las bases, realizándose asambleas y consultas en los estados Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y Cojedes, donde la exigencia común sigue siendo frenar la atomización del salario a través de bonos unilaterales y avanzar hacia una verdadera dignificación del empleo profesional.