Denuncian manejos tras bastidores en el Tribunal Superior Agrario
Por Alexander Compiani
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA.— El proceso judicial por la invasión de la finca La Floresta, ubicada en la parroquia Santa Clara, municipio José Gregorio Monagas, estado Anzoátegui, ha entrado en una fase crítica que expone irregularidades en las altas esferas del poder judicial en el Oriente del país, sin que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emita el pronunciamiento definitivo tras 4 años de conflicto.
El ingeniero y productor agropecuario Eduardo Medina, representación de la Sucesión Gutiérrez, formuló la denuncia pública ante la opacidad en la instancia Superior.
Aseguró que en esta causa se logró una sentencia favorable en el Tribunal Agrario de Primera Instancia, el proceso en la alzada estuvo marcado por situaciones irregulares.
Se conoció que el doctor Javier Rondón García, juez superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los estados Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, sostuvo reuniones tras bastidores entre el juez Superior, Javier Rondón, con el juez de Primera Instancia en relación con este expediente.
Explicó que pese a estos manejos pocos claros y que dichos encuentros no arrojaron resultados favorables para la celeridad del proceso, el derecho de propiedad de la Sucesión Gutiérrez- Medina, prevaleció técnicamente, llevando el caso hasta el TSJ. Sin embargo, esta opacidad en el Tribunal Superior, bajo la responsabilidad del doctor Rondón García, ha contribuido al estancamiento del expediente que hoy cumple medio año sin movimiento en la capital de la República ante el TSJ.
Invasión y daños
Para Eduardo Medina, este silencio judicial y manejos previos han permitido que se consolide una «invasión continuada».
Durante estos cuatro años de litigio, se han denunciado delitos conexos como el robo de ganado y desmantelamiento de la infraestructura de la finca, hechos que estáb siendo documentados para una próxima querella penal.
Sentenció que la última diligencia jurídica sobre esta causa, se realizó hace seis meses y desde entonces el caso está paralizado, en violación del debido proceso por retardo. Sólo hubo reuniones entre el juez Superior, Javier Rondón García, y el juez de Primera Instancia Leonardo Quintero, no resolvieron nada. Permitieron retardar el proceso judicial, mientras los invasores actúan con impunidad y destruyen la unidad productiva agropecuaria.
El juez Quintero, único responsable de la paralización al no ejecutar la sentencia del Juzgado Agrario Superior, afectando con daños patrimoniales a la Sucesión Gutiérrez-Medina, y se emplaza a ejecutar el desalojo de los invasores.
Las invasiones en Venezuela persisten me, y Anzoátegui no es la excepción, cuando hay jueces complacientes y convalidan este cáncer social de la humanidad, dijo Medina.
Para finalizar señaló que, estos jueces al no ejecutar sentencias definitivas, causan el retardo procesal de los casos, tal como sucede en el proceso judicial del Hato La Floresta, originando cuantiosas pérdidas económicas y paralizando una unidad productiva que contribuye con la seguridad agroalimentaria de la región.
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