Residentes de sectores como Cerro Amarillo califican de «impagables» los nuevos montos que superan los 400 mil bolívares, pese a los constantes apagones y fallas en el servicio
Por Alberto García Sánchez
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA. — Una ola de indignación recorre a las familias anzoatiguenses tras la recepción de las más recientes facturas emitidas por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Usuarios de diversos sectores denuncian un ajuste desproporcionado en las tarifas, con montos que en muchos casos se han multiplicado hasta seis veces en comparación con el mes anterior. Las afectadas, principalmente amas de casa, califican estas cifras como un «adefesio financiero» que resulta imposible de costear con los actuales ingresos familiares.
La protesta ciudadana se centra en la aparente falta de criterios técnicos para estos cobros, señalando que la institución no realiza la lectura de medidores desde hace años. Habitantes de comunidades como Cerro Amarillo manifestaron que, lejos de recibir un servicio óptimo, conviven con apagones diarios que han reducido la vida útil de sus electrodomésticos. «Es una ironía que nos cobren facturas de entre 300 y 400 mil bolívares por un servicio que parece una telenovela de terror», señalaron vecinos afectados durante la jornada de este martes.
El malestar ha escalado a las redes sociales, donde el caso de Paulina Guzmán, una educadora jubilada, se ha hecho viral como símbolo de esta crisis. Guzmán asegura que su factura refleja un consumo industrial pese a que en su hogar apenas cuenta con lo básico y carece de aire acondicionado. Para muchos usuarios, estos montos «escandalosos» no guardan relación con la realidad económica del estado, donde el sudor y el calor son la única constante ante la falta de inversión en la red eléctrica regional.
Ante el desbordamiento de quejas, la comunidad exige a la gerencia regional de Corpoelec una revisión inmediata y la corrección de estas facturaciones que consideran abusivas. Los ciudadanos advierten que, de no ajustarse los montos a la realidad del servicio prestado y a la capacidad de pago del pueblo, las acciones de protesta continuarán. La exigencia es clara: instituciones que sirvan al ciudadano y no políticas recaudatorias que profundicen la crisis de los hogares anzoatiguenses.