Un reporte reveló que la Casa Blanca expulsó a más de un centenar de migrantes de distintas nacionalidades hacia ocho naciones africanas, ninguna de las cuales correspondía a su país de origen, profundizando una agresiva estrategia de deportación transcontinental
Redacción LNA | Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA.— La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado de forma drástica su política de expulsión de migrantes, recurriendo al envío de ciudadanos hacia terceros países en el continente africano. Entre el 10 y el 30 de agosto, las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a más de 100 personas —incluyendo a nacionales de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Afganistán, Irán, Nepal y Turquía— hacia ocho naciones africanas con las que ha establecido convenios opacos, según revelaron documentos oficiales obtenidos por la cadena CBS News.
Los destinos receptores identificados en los registros gubernamentales abarcan a Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini (antigua Suazilandia), Liberia, Ruanda y Sierra Leona. Aunque en los contingentes figuraban algunos ciudadanos de origen africano, la documentación interna confirma que ninguno de los deportados fue trasladado a su país natal, consolidando un patrón de expulsión hacia territorios desconocidos y sin vínculos jurídicos o familiares para los afectados.
Esta maniobra representa un giro drástico en los protocolos internacionales de repatriación. En casos como el vuelo registrado el pasado 21 de agosto hacia Liberia, se confirmó el traslado de una veintena de migrantes de diversas nacionalidades; entre ellos, varios ciudadanos latinoamericanos que fueron despojados de sus procesos de asilo en suelo estadounidense y enviados a territorio liberiano bajo acuerdos bilaterales de absorción de deportados.
La estrategia responde al plan de «deportación masiva» prometido por Trump desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025. Ante la negativa o el bloqueo diplomático de países como Venezuela, Nicaragua o Cuba para recibir vuelos directos de repatriación de sus connacionales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha recurrido al pago y negociación de acuerdos con gobiernos del África subsahariana para que funcionen como centros de recepción de migrantes irregulares.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y expertos en derecho internacional han encendido las alarmas ante esta práctica, advirtiendo que violan el principio de no devolución y exponen a los migrantes a graves situaciones de vulnerabilidad, apatridia de facto y falta de garantías procesales en países con severos cuestionamientos en materia de libertades fundamentales.