Jue. Ago 27th, 2026

La magistrada Sabrina Montes de Oca fue removida del Tribunal 11 de Juicio de Caracas, según denunció el exfiscal Zair Mundaray

Con información de La Patilla

Nacionales

LA NUEVA ANTORCHA. — Una nueva medida sacudió este martes 25 de agosto las estructuras del Poder Judicial venezolano, tras conocerse la destitución de la jueza Sabrina Montes de Oca, quien se desempeñaba al frente del Tribunal 11 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas. La información fue dada a conocer por el exfiscal Zair Mundaray a través de sus redes sociales, donde señaló que la medida se ejecutó mediante resolución oficial.

​Montes de Oca acumuló una cuestionada trayectoria en el sistema de justicia tras su paso por la defensa pública y su posterior ascenso a jueza de juicio, etapa en la que estuvo al frente de sonados casos vinculados a privados de libertad por razones políticas. Asimismo, el exfiscal Mundaray reveló que la funcionaria mantenía nexos directos con la representación fiscal encargada de las investigaciones del caso Pdvsa-Cripto.

​El nombre de la juzgadora cobró especial notoriedad mediática debido a las irregularidades cometidas en el proceso contra el periodista Ramón Centeno, quien permaneció privado de libertad durante casi cuatro años hasta su excarcelación en enero de 2026. Durante ese juicio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció severos obstáculos e interrupciones procesales impulsadas por el despacho de Montes de Oca para retardar una cirugía urgente que requería el comunicador.

​Aunado a los señalamientos por el caso Centeno, diversos juristas y defensores de derechos humanos, entre ellos Mundaray, atribuyen a la magistrada destituida presuntos atropellos y trabas sistemáticas en la correcta aplicación de los beneficios establecidos en la Ley de Amnistía para los procesados políticos.

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​La remoción de Montes de Oca ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la actuación de las autoridades judiciales en el país, marcando un precedente relevante dentro de las causas procesales instauradas contra comunicadores sociales y dirigentes civiles en la capital.