Mientras el SEBIN cede ante la presión internacional con liberaciones selectivas, centros como Boleita y Zona 7 se consolidan como agujeros negros de derechos humanos bajo el control de facciones radicales
Con información de Agencias
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA.— La aparente unidad dentro de la cúpula del régimen atraviesa uno de sus momentos más tensos, manifestándose de forma crítica en la gestión de los centros de reclusión del país. Fuentes cercanas a la administración pública revelan una fractura interna entre quienes buscan aliviar la presión de los organismos internacionales y aquellos que apuestan por la radicalización del control social. Mientras el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y otros espacios han comenzado a ejecutar liberaciones de detenidos —vistas por analistas como «fichas de canje» diplomático—, la situación en otros recintos es diametralmente opuesta.
Los centros de detención conocidos como Boleita y Zona 7 se mantienen como los bastiones más herméticos y crueles del aparato estatal. En estas instalaciones, las cifras de liberaciones son prácticamente nulas, y las denuncias por desapariciones forzadas y torturas sistemáticas han escalado a niveles alarmantes. Estos espacios parecen operar bajo una lógica paralela, ajena a los intentos de «maquillaje institucional» que otras ramas del gobierno intentan proyectar ante la comunidad internacional y los informes de la ONU.
En el centro de esta tormenta política se encuentra el fiscal general, Tarek William Saab, cuya gestión enfrenta cuestionamientos internos sin precedentes. Dentro de las propias filas del oficialismo, se critica la incapacidad de Saab para articular una narrativa coherente que justifique las detenciones arbitrarias frente a las recientes liberaciones. La falta de sustento jurídico en los expedientes ha dejado al Fiscal en una posición vulnerable, incapaz de defender sus decisiones ante las facciones que exigen una «limpieza» institucional para evitar sanciones personales mayores.
Por otro lado, la resistencia al cambio es feroz en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Reportes internos indican que el coronel Alexander Granko Arteaga mantiene un control férreo sobre la institución, llegando incluso a desafiar órdenes directas de la Vicepresidencia. Granko Arteaga habría impedido activamente la intervención de un equipo especial enviado por Delcy Rodríguez, quien buscaba auditar los procesos internos del organismo. Esta insubordinación evidencia que la cadena de mando tradicional está fracturada por intereses de grupos que ven en el control de los prisioneros su principal cuota de poder.
Esta pugna no es solo administrativa, sino de supervivencia política. Mientras una facción intenta tender puentes mínimos con el exterior para oxigenar al régimen, el ala militar y los custodios de los centros de tortura se atrincheran en la opacidad. La dualidad entre un SEBIN que libera y una DGCIM que resiste la intervención subraya una realidad peligrosa: el destino de los detenidos en Venezuela no depende de la ley, sino de qué bando gane la disputa interna en los pasillos de Miraflores.