La dirigencia de la tolda aurinegra cuestionó la presencia de la funcionaria venezolana en la 81° Asamblea General de la ONU y exigió a las delegaciones internacionales increparla por violaciones a los derechos humanos, ecocidio en el Arco Minero y la crisis socioeconómica del país
Con información de Nota de Prensa
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — El movimiento Primero Justicia (PJ) cuestionó este miércoles la presencia de Delcy Rodríguez en la 81° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al señalar que no representa al pueblo venezolano y encarna la antítesis de los principios fundacionales del organismo intergubernamental.
María Gabriela Hernández, presidenta regional de Primero Justicia en el estado Monagas y secretaria nacional de Ambiente y Sostenibilidad de la agrupación política, rechazó categóricamente la participación de Rodríguez en la sede de la ONU en Nueva York. «Ella representa todo lo que las Naciones Unidas combate: la violación de los derechos humanos, del derecho a la vida y de las libertades fundamentales», afirmó.
En tal sentido, Hernández instó a las delegaciones internacionales presentes en la cumbre a cuestionar formalmente a la funcionaria sobre la severa crisis social, ambiental y política que atraviesa Venezuela, de la cual la responsabiliza directamente.
Ecocidio en el sur de Venezuela
En materia ambiental, la dirigente exigió a la comunidad diplomática confrontar el respaldo institucional de Rodríguez a la explotación del Arco Minero del Orinoco, una actividad que vulnera los estándares internacionales de desarrollo sostenible.
»Pregúntenle por qué ha impedido el ingreso de la UNESCO al Parque Nacional Canaima —patrimonio natural de la humanidad afectado por la minería ilegal—, por qué consintió el envenenamiento con mercurio de las cuencas hidrográficas del sur del país y por qué ha tolerado el asesinato, desplazamiento y la sistemática vulneración de derechos de las comunidades indígenas», enfatizó.
Represión política y quiebre institucional
En el ámbito político, Hernández urgió a las delegaciones a interrogarla sobre su responsabilidad en el desconocimiento de la soberanía popular tras los comicios presidenciales de 2024, la represión contra manifestaciones ciudadanas, la permanencia de presos políticos —tanto civiles como militares— y la aplicación de tratos crueles e inhumanos.
Asimismo, cuestionó la impunidad que ampara a señalados violadores de derechos humanos dentro del aparato estatal, así como la persistencia de mecanismos de discriminación política y coerción social.
Crisis socioeconómica y corrupción
Respecto al contexto socioeconómico, la vocera de PJ señaló a Rodríguez como corresponsable de las decisiones macroeconómicas que devinieron en el empobrecimiento extremo de la población, el colapso de los servicios de salud y educación, y la falta de desarticulación de las redes de corrupción vinculadas a PDVSA.
Finalmente, Hernández subrayó que Rodríguez ha ejercido cargos de alta jerarquía estatal de manera ininterrumpida desde 2006, lo que la vincula de forma directa con los crímenes de lesa humanidad documentados en los recientes informes de las Naciones Unidas. «Pregunten, indaguen y exíjanle a ella, ya que nosotros por ahora no podemos. Exijan que abandone por las vías institucionales el poder para que Venezuela retome su cauce democrático», concluyó.