Tomoko Akane, sancionada por la administración estadounidense, afirmó que la búsqueda de justicia es una responsabilidad compartida y un derecho irrenunciable para las víctimas de crímenes de lesa humanidad
Con información de Agencias
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — La presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, alertó que el organismo judicial afronta la crisis más compleja e intensa desde su fundación a finales de la década de 1990. Ante el incremento de tensiones geopolíticas y los cuestionamientos a la jurisdicción global, la magistrada enfatizó que la institución se mantiene firme en la persecución de violaciones a los derechos humanos, recordando que la historia demandará respuestas individuales y colectivas sobre el compromiso con la justicia universal.
En el marco de las recientes medidas restrictivas dictadas en su contra por el Gobierno de Estados Unidos, Akane desestimó que tales presiones logren paralizar el funcionamiento del tribunal de La Haya. Para la funcionaria japonesa, las sanciones impuestas a jueces y fiscales intentan menoscabar la independencia judicial, pero refuerzan la urgencia de preservar un espacio internacional autónomo capaz de juzgar los crímenes más graves que afectan a la comunidad global.
La máxima vocera del TPI subrayó que la tutela de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad no dependen de una sola entidad, sino que constituyen una obligación compartida entre todos los Estados firmantes del Estatuto de Roma. En sus reflexiones, enfatizó que negar la reparación o retrasar las investigaciones equivale a desamparar a quienes han sufrido las consecuencias de atrocidades masivas en diversos conflictos mundiales.
Finalmente, la magistrada reafirmó el compromiso del TPI de continuar actuando conforme a los principios de imparcialidad y neutralidad, al margen de los intereses de las grandes potencias. Akane concluyó que, frente a los intentos de erosión del derecho internacional multilateral, el sistema de justicia penal continuará ejerciendo sus mandatos para evitar que los crímenes graves queden en el olvido institucional.