Por: Juan Velásquez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.— El panorama político venezolano se encuentra en un punto de inflexión. La reciente propuesta del gobierno de los Estados Unidos de posicionar a su principal pieza estratégica, Marco Rubio, como una figura clave en la gestión de la crisis, no debe leerse como una intervención ordinaria. Es, en realidad, el movimiento de un alfil decisivo en un tablero donde la ineficiencia de la dirigencia opositora previa ha dejado vacíos peligrosos.
La magnitud del desafío es financiera y ética. Hablamos de una inversión que ronda los 500 millones de dólares, una cifra que contrasta con la «confesión de parte» de figuras como Jorge Rodríguez. Al reconocer el desfalco masivo en PDVSA y en la administración pública tras 26 años de gestión, queda claro el riesgo que implica dejar recursos tan cuantiosos en manos inescrupulosas. La fiscalización internacional no es un lujo, es una necesidad de supervivencia.
Debemos despejar temores infundados: no nos convertiremos en una estrella más en la bandera del norte, ni en un estado asociado permanente. Se trata de un acompañamiento estratégico estrictamente delimitado por los lapsos que establece nuestra Constitución para la transición. No está en juego la soberanía de la República; por el contrario, lo que se busca es rescatar a las instituciones del secuestro ejercido por la hegemonía absoluta que anuló la separación de poderes.
La llamada «Revolución» castró a su propia generación de relevo, sometiéndola a un sistema de represión y a una dictadura de facto. Si bien el tiempo perdido es irrecuperable, la esperanza permanece intacta. Marco Rubio representa una voz de poder en Washington y un defensor probado de la libertad. Su rol será fundamental para restituir el Estado de Derecho en nuestra nación.
Todo sea por una Venezuela libre para todos.