Por Juan Velásquez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA. — El devenir histórico de Venezuela en las últimas tres décadas se resume en una tragedia planificada: Hugo Chávez financió el caos, Nicolás Maduro lo criminalizó y la implementación sistemática de la represión y la tortura terminó por deshumanizar el ejercicio del poder. Nos enfrentamos a un sistema que no solo es hambreador y criminal, sino que se fundamenta en el pisoteo constante de la dignidad humana como mecanismo de control social.
Resulta una ironía sangrienta que quienes pregonan la «igualdad» y la «justicia social» sean los mismos que han saqueado el pasado, el presente y el futuro de nuestra nación durante 26 años. Es inaudito que el país con la mayor reserva de petróleo del planeta, un recurso vital para el desarrollo global, haya sido conducido a la indigencia por una casta política. Cuba, Nicaragua y Venezuela son hoy los espejos de una crisis humanitaria sin precedentes, originada por figuras que, bajo un perfil psicopático, sembraron el desorden estructural: Fidel Castro y Hugo Chávez.
En este contexto, surge una interrogante ineludible: ¿Cómo es posible hablar de amnistía mientras los instrumentos de redención social sigan subyugados al poder?
La recientemente aprobada Ley de Amnistía parece haber nacido bajo un manto de opacidad. Es alarmante que, a estas alturas, el alcance real de lo aprobado sea un misterio incluso para sectores del parlamento. ¿Cómo confiar un proceso tan vital para la reconciliación y la absolución de delitos prefabricados a quienes han operado fuera de la norma democrática? Se habla de una conmutación de penas para imputados desde 1999 hasta la fecha, pero la opacidad informativa impera.
Es imperativo que se aclare si este beneficio abarca con justicia a todos los afectados. ¿Están incluidos, por ejemplo, los policías de Puente Llaguno del año 2002? Una amnistía verdadera debe ser universal para los perseguidos políticos, sin exclusiones ni matices que favorezcan solo a unos pocos.
La reconciliación nacional no puede ser un decreto impuesto desde la anarquía gubernamental. Un proceso de esta magnitud exigía la consulta obligatoria a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos que han documentado con rigor cada atropello durante años. Venezuela no aceptará más imposiciones; la justicia real requiere transparencia, no más maniobras entre sombras.