La política de ingresos basada en bonos sin incidencia legal condena al trabajador venezolano a la precariedad futura y desmantela el sistema de seguridad social
Con información de Nota de Prensa
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA.— La actual política de «bonificación del ingreso» en Venezuela ha dejado de ser una medida coyuntural para convertirse en una distorsión estructural que anula el concepto mismo de salario de los trabajadores venezolanos.
Al concentrar los ajustes exclusivamente en bonificaciones que no impactan en el sueldo base —el cual permanece estancado en 130 bolívares desde 2022—, se genera una desprotección financiera laboral sistémica. Esta práctica vacía de contenido los derechos adquiridos, pues al carecer de incidencia legal, estos montos no se reflejan en el cálculo de vacaciones, utilidades ni en las prestaciones sociales, que hoy son prácticamente simbólicas.
Esta realidad ha profundizado la brecha entre el ingreso percibido y el costo de vida real en el país. Si bien para abril de 2026 el Ingreso Mínimo Integral alcanzó aproximadamente los 190 dólares mediante el ajuste de bonos, la cifra sigue siendo insuficiente frente a una canasta alimentaria que organizaciones como el CENDAS sitúan por encima de los 677 dólares.
El trabajador venezolano se encuentra así en un laberinto económico donde el flujo de caja inmediato no logra cubrir las necesidades básicas de una familia, mientras su patrimonio a largo plazo se pulveriza ante la falta de ahorro contractual.
La vulnerabilidad se extiende de manera alarmante al sistema de seguridad social y a la clase jubilada. Dado que las cotizaciones se calculan sobre el salario base y no sobre el ingreso total, la recaudación de impuestos y contribuciones para el sistema de pensiones se ha desplomado.
Esta asfixia financiera impide que el Estado financie jubilaciones de forma orgánica, condenando a los adultos mayores a depender de transferencias discrecionales que no responden a la trayectoria laboral ni a criterios de justicia distributiva.
En el ámbito jurídico, el panorama es igualmente sombrío para el empleado. Sentencias recientes de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia han ratificado que ciertos bonos regulares tienen una «finalidad social» y no deben considerarse salario. Este criterio otorga una flexibilidad peligrosa a las empresas y al propio Estado, permitiendo que la remuneración real se separe de sus efectos legales y deje al trabajador «desguarnecido y débil» ante despidos, enfermedades o el retiro definitivo de la vida laboral.
Ante este cuadro de desinstitucionalización del trabajo, es imperativo retomar el espíritu de la justicia social y el Estado de Derecho. No puede haber una recuperación económica genuina si se fundamenta en la precarización del capital humano. Es necesario un reajuste que devuelva la dignidad al sueldo base y garantice que el esfuerzo ciudadano se traduzca en estabilidad real. Solo mediante la transparencia en la remuneración y el respeto a la normativa constitucional podrá Venezuela construir un modelo de desarrollo que sea, verdaderamente, humano y productivo.