El magistrado Alvin K. Hellerstein prohibió la divulgación pública de las evidencias clave presentadas por la Fiscalía, restringiendo su manejo exclusivamente al equipo legal para evitar filtraciones y proteger investigaciones en curso
Redacción LNA
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — En una decisión clave para el curso del proceso penal que se sigue en el Distrito Sur de Nueva York, el juez federal Alvin K. Hellerstein aprobó una solicitud de orden de protección presentada por el gobierno de Estados Unidos. La medida impone estrictas restricciones al acceso, manejo y difusión de las evidencias que la Fiscalía recopiló contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de delitos vinculados al narcoterrorismo y narcotráfico.
La resolución judicial ratifica la obligación del Ministerio Público de suministrar al equipo defensor el material exculpatorio y de impugnación exigido por la ley. Sin embargo, el magistrado remarcó que la circulación indiscriminada de los expedientes podría vulnerar el derecho a la privacidad de terceros, obstaculizar indagatorias en desarrollo sobre personas aún no imputadas y generar una cobertura mediática desmedida que vicie la imparcialidad del proceso.
Bajo estos parámetros, la orden prohíbe taxativamente que los elementos probatorios sean compartidos con personas ajenas al equipo de abogados defensores y su personal técnico autorizado. Ni siquiera los procesados podrán mantener la posesión física de los documentos o archivos, pudiendo examinarlos únicamente bajo la supervisión directa de sus apoderados judiciales dentro de recintos controlados.
Entre las evidencias sujetas a este cerrojo informativo destacan registros de audio, transcripciones, datos extraídos de dispositivos electrónicos confiscados y testimonios de cooperadores clave. El dictamen responde al volumen de información recabada por las agencias federales, de la cual depende gran parte del expediente con el que la acusación busca sostener los cargos en la etapa de debate oral.
Con esta disposición, el tribunal neoyorquino blindó el flujo de información confidencial mientras se avanza en el calendario fijado previo al inicio del juicio formal, proyectado para comenzar el 1 de junio de 2027. La defensa de la pareja formuló mociones basadas en la inmunidad soberana, mientras las restricciones mantendrán su vigencia incluso tras la conclusión del proceso.