El diálogo político aborda la urgencia de depurar e institucionalizar los poderes públicos para impulsar el rescate socioeconómico del país
Con información de El Nacional
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LA NUEVA ANTORCHA. — El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó la realización de cuatro procesos electorales en Venezuela —parlamentarias, de alcaldes, gobernadores y presidenciales— en el lapso fijado por la Constitución, aunque sin precisar fechas definitivas para los comicios del Ejecutivo nacional. Sus declaraciones se produjeron al término del segundo ciclo de conversaciones en el marco de la mesa de negociación que adelantan representantes del gobierno y la delegación de la AN electa en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, cuyo próximo encuentro quedó fijado para mediados de octubre.
El trasfondo de estas negociaciones abarca un temario centrado en la transición política, la restitución de garantías civiles y el fortalecimiento de la libertad de expresión en el territorio nacional. Ante los planteamientos de la contraparte opositora, se ha hecho hincapié en que la convocatoria electoral no solo debe limitarse a la emisión del voto, sino a estructurar un cronograma con reglas claras que devuelvan la confianza a la ciudadanía y garanticen una participación política transparente y equitativa para todos los sectores.
En ese sentido, las conversaciones apuntan a la necesidad apremiante de depurar, recuperar y fortalecer el andamiaje institucional del país en todos sus niveles de poder. Este proceso abarca desde las estructuras comunitarias —como consejos comunales, juntas parroquiales, alcaldías y concejos municipales— hasta las instancias regionales e institucionales de mayor jerarquía, incluyendo los consejos legislativos, la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la red de ministerios del Estado.
La reestructuración profunda de estas instancias se considera un paso indispensable para sentar las bases de la recuperación económica integral de la nación. La estabilidad y transparencia en el ejercicio del poder público son percibidas como condiciones necesarias para atraer inversiones, frenar el deterioro monetario y avanzar hacia la dignificación progresiva del salario de los trabajadores, así como para restablecer el equilibrio financiero del aparato productivo.
Asimismo, la renovación institucional busca dar respuesta prioritaria a la severa crisis que atraviesan los servicios esenciales y el sistema de salud en Venezuela. Restablecer la eficiencia y la contraloría en los organismos del Estado permitirá encauzar recursos de manera transparente para optimizar la red hospitalaria, el suministro de agua, el servicio eléctrico y la infraestructura básica, aspectos cruciales para devolver la calidad de vida a las familias venezolanas.


