El detective, como se le conoce en las redes sociales, fue detenido y judicializado por las autoridades de República Dominicana
Con información de CDN
Internacionales
LA NUEVA ANTORCHA.- Las recientes declaraciones del comunicador Ángel Martínez, conocido en redes sociales como “el detective”, traen una vez más a la mesa el tema de cuáles son los límites de la libertad de expresión en la República Dominicana, luego de que, tras ser arrestado en Puerto Plata, arremetiera contra el presidente Luis Abinader llamándolo “sinvergüenza”, “vagabundo” y “pendejo”.
Martínez fue conducido este martes al Departamento de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Fiscalía del Distrito Nacional, tras no comparecer a una audiencia judicial por difamación, en un caso incoado por el diputado oficialista Sergio Moya, conocido como “Gory”.
Mientras era trasladado por agentes del Dicrim, Martínez gritó:
“Díganle a ese sinvergüenza… al presidente de la República, Luis Abinader, a ese sinvergüenza. Vagabundo. Que a mí no me va a callar… pendejo”.
Además, denunció públicamente que las autoridades le confiscaron sus pertenencias durante su arresto:
“Díganle al Dicrim que me devuelvan mis bienes, que me devuelva mi teléfono. Me quitaron todo”.
¿Puede Ángel Martínez enfrentar consecuencias legales por insultar al presidente?
Aunque en la República Dominicana la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, también existen normativas que penalizan los ultrajes a figuras públicas, incluido el jefe de Estado.
El artículo 86 del Código Penal Dominicano establece lo siguiente:
“Toda ofensa cometida públicamente hacia la figura del jefe del Estado se castigará con prisión de seis meses a dos años y una multa».
El debate de siempre
Muchos consideran que los tribunales dominicanos han sido cautelosos al sancionar penalmente expresiones políticas, especialmente si involucran figuras públicas. Sin embargo, cuando las declaraciones se consideran insultantes y sin base factual, pueden ser perseguidas bajo las leyes de difamación e injuria (Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento).
El caso de Ángel Martínez ya está judicializado por una acusación de difamación contra el diputado Sergio Moya, lo que podría agravar su situación.
Imponen presentación periódica e impedimento de salida del país a Ángel Martínez
El juez Julián Vargas, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, levantó este martes la declaración de rebeldía contra el youtuber y autodenominado investigador Ángel Martínez, e impuso como medidas de coerción la presentación periódica y el impedimento de salida del país, en el marco de la querella por difamación e injuria interpuesta por el diputado Sergio Moya (Gory).
La querella se produjo luego de que Martínez acusara públicamente al legislador de estar vinculado al narcotráfico.
Martínez resultó detenido el pasado lunes en Puerto Plata, cuando se disponía a abordar una embarcación. Según su abogado defensor, la detención se produjo por error, ya que el proceso que aparecía en el sistema era el relacionado con Guido Gómez Mazara, el cual, según afirma, se extinguió en 2024.
El abogado también solicitó al tribunal la devolución de las pertenencias personales de su representado, alegando que “no existe autoridad judicial que justifique su retención”. Además, señaló que “el acta de registro de personas no fue llenada”, lo cual, a su juicio, constituye una irregularidad procesal.
La audiencia se fijó para el próximo 26 de julio, y la defensa adelantó que apelará la decisión del tribunal, al considerar que no corresponde con la realidad del caso.
Por su parte, Ángel Martínez calificó como injusta la medida que le impide salir del país.
“No puedo salir porque quieren atacarme. Eso es injusto. Soy un hombre que tiene más de 55 años con la misma dirección, una oficina de 35 años en el mismo lugar, con el mismo número de teléfono. Y hoy, el gobierno dominicano dice que no me puedo mover de la capital”, manifestó.