Dirigentes sindicales y afectados se concentraron en la Inspectoría del Trabajo de Barcelona para reclamar el cumplimiento de las órdenes de reenganche y la depuración de las instituciones
Con información de Nota de Prensa
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA. — En las afueras de la Inspectoría del Trabajo de Barcelona, estado Anzoátegui, un numeroso grupo de extrabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de la empresa mixta Petromonagas se concentró para denunciar formalmente haber sido objeto de despidos ilegales y políticamente motivados. Los manifestantes, quienes aseguraron llevar más de cinco años en esta batalla legal, exigieron que la estatal petrolera acate de inmediato las providencias administrativas y las órdenes de reenganche ya emitidas por los tribunales competentes.
Durante la jornada de protesta, los afectados condenaron enérgicamente las actuaciones del diputado Wills Rangel en su condición de presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). A juicio de los denunciantes, Rangel ha utilizado su posición en la central sindical para actuar en detrimento de la clase obrera, acusándolo de haber «vendido» los derechos contractuales y de haber desmantelado de forma progresiva las convenciones colectivas del sector petrolero para beneficio de intereses ajenos a la masa laboral.
En la protesta frente a la Inspectoría del Ttabajo estuvieron presentes em calidad de apoyo a los reclamos de los trabajadores petroleros Edissonb por Motrasalud, José Bodas, secretario general de la FUTP, Américo Tabata, secretario de finanzas del sindicato Unión de Obreros y Empleados Petroleros, Químicos y Similares (antigua Fedepetrol), quienes acusaron directamente a Wills Rangel como el principal operador en la sombra que presiona a las instituciones laborales.
Denunciaron que, desde Caracas, se mueven los hilos institucionales para que las inspectorías regionales ignoren las asambleas de trabajadores y bloqueen la ejecución de los reenganches legítimos, vulnerando de forma flagrante la libertad sindical y el derecho constitucional a la libre opinión política.
La manifestación contó con el firme respaldo de gremios aliados y figuras clave del movimiento sindical en la región, entre ellos Edisson Hernández, coordinador de Motrasalud, y el dirigente petrolero José Bodas. Hernández hizo un llamado público a la vicepresidenta de la República y ministra de Economía, Delcy Rodríguez, recordándole sus propias declaraciones del pasado primero de mayo sobre la necesidad de revisar las inspectorías del trabajo. El portavoz gremial instó a que se cumpla la promesa de justicia y se proceda a una depuración de estos entes estatales, señalando que muchos inspectores actuales defienden los intereses patronales en lugar de proteger a los trabajadores.
Finalmente, los portavoces advirtieron sobre la alarmante situación humanitaria que atraviesan los más de 500 trabajadores afectados en las zonas norte y sur del estado Anzoátegui, así como en otras entidades del país. Indicaron que el desacato de Pdvsa ante el ordenamiento jurídico vulnera los derechos constitucionales a la salud y a la vida de cientos de familias venezolanas. En este sentido, emplazaron al inspector local, José Gregorio Villarroel, a tramitar con transparencia los expedientes laborales y exigieron su renuncia inmediata si no se encuentra en la capacidad de hacer valer la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo.