A una semana del crimen perpetrado por presuntos sicarios en la población de El Morro, familiares y gremios pesqueros exigen un pronunciamiento oficial de la gobernadora Johana Carrillo y del ministro Juan Carlos Loyo ante sospechas de un móvil político
Con información de Nota de Prensa
Sucesos
LA NUEVA ANTORCHA. — Consternación y una profunda exigencia de justicia marcan los días de la comunidad de El Morro, en el municipio Arismendi del estado Sucre, tras cumplirse una semana del asesinato de Lilianna Tineo. La destacada líder social, vinculada al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y referente del sector pesquero de la entidad, fue atacada por sujetos armados la noche del pasado jueves 2 de julio frente a su lugar de residencia, en un hecho que presenta características de sicariato.
Tineo se había consolidado como una figura clave para el desarrollo local gracias a su rol en la articulación de la comunidad pesquera de altura de El Morro. Entre sus responsabilidades semanales destacaba la coordinación del suministro de gasoil para las embarcaciones y la intermediación en la resolución de conflictos sociales de la zona. Su trágica pérdida pone de relieve la vulnerabilidad a la que se enfrentan los dirigentes comunitarios en zonas de alta complejidad social.
El impacto del suceso ha resonado con fuerza en el ámbito político regional. Fuentes cercanas a la víctima señalaron que Tineo proyectaba una sólida base de apoyo popular de cara a los próximos procesos electorales para los Concejos Municipales, e incluso se perfilaba como una potencial aspirante a la alcaldía del municipio Arismendi. Esta activa proyección política ha levantado firmes sospechas entre sus allegados de que el atentado pudiera tener motivaciones de carácter político.
»Exigimos que el caso no quede en el olvido. Lilianna era la voz de nuestros pescadores y una mujer comprometida con los sectores más vulnerables de El Morro», manifestaron residentes bajo reserva, quienes denunciaron la falta de claridad en las investigaciones preliminares.
Ante el silencio institucional que impera a una semana del suceso, familiares de la víctima y habitantes de la localidad hicieron un llamado público a la gobernadora del estado Sucre, Johana Carrillo, y al ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo. Exigen un pronunciamiento oficial inmediato y la asignación de un equipo técnico especial que garantice una investigación transparente, exhaustiva y que esclarezca con celeridad la autoría intelectual y material de este crimen que hoy enluta a la pesca sucrense.