No reconoció el Estado de Derecho consagrado en la CRBV, tras ignorar la convocatoria del Consejo Local de Planificación Pública, así lo afirmó el economista y abogado Alexis Rodríguez Padrón
Por Alexander Compiani
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA. — El economista y abogado Alexis Rodríguez Padrón cuestionó duramente al alcalde del municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui, por el incumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), en perjuicio de la institución y de la comunidad tigrense.
Rodríguez Padrón hizo un diagnóstico sobre el presupuesto municipal de esta jurisdicción para el año 2027 y proyectó que será, otra vez, reconducido.
Aseveró que las autoridades municipales «no quieren reconocer ni aceptar la existencia de un Estado de Derecho consagrado en la Constitución Nacional Bolivariana».
Argumentó que, antes de julio de este año 2026, los poderes Ejecutivo y Legislativo municipales tenían la obligación de convocar y poner en pleno funcionamiento el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) de Simón Rodríguez. Este órgano, a tenor del artículo 182 de la CRBV, debió estar presidido por el alcalde Alberto Gago, concejales activos y miembros de la sociedad civil organizada en representación de los distintos sectores populares, para así garantizar el cumplimiento de la función de planificación, la cual debe ser ejercida en corresponsabilidad con el CLPP, según consagran taxativamente los artículos 75 y 76 de la LOPPM en acatamiento de los principios generales de la organización municipal.
Igualmente, resaltó que se debe cumplir con la Ordenanza del CLPP de Simón Rodríguez, aprobada el 05/11/2002 y publicada en Gaceta Municipal el 11/11/2002, además de aplicar los artículos 231 y 232 ejusdem, toda vez que el burgomaestre está obligado a entregar al CLPP el monto total de la inversión por sector, detallando los recursos destinados a las comunidades organizadas de Simón Rodríguez.
Luego, precisó Rodríguez Padrón que, después de julio de 2026, las autoridades del Poder Municipal están llamadas —en acatamiento del artículo 230 de la LOPPM— a cumplir cabalmente con el proceso presupuestario estatuido para el ejercicio 2027. Este debe regirse por la LOPPM, las ordenanzas municipales y las leyes aplicables en la materia, tomando en consideración las disposiciones técnicas de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).
El especialista económico y jurídico significó que, entre agosto y octubre de 2026, conforme al artículo 232 de la LOPPM, corresponde la activación del Presupuesto Participativo. Mediante este mecanismo, los ciudadanos y ciudadanas de Simón Rodríguez deliberarán y decidirán sobre la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de inversión anual. Esta normativa es imperativa, ya que su propósito es materializar un proyecto que permita el desarrollo del municipio atendiendo las necesidades y propuestas de las comunidades y organizaciones dentro del CLPP.
A más tardar el 1 de noviembre de 2026, el Ejecutivo Municipal, a través del alcalde Alberto Gago, deberá presentar ante el Concejo Municipal el proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2027, junto con el Plan Operativo Anual (POA), según lo establecen los artículos 231, 232 y 233 de la LOPPM, en concatenación con las funciones del Ejecutivo Municipal contempladas en el artículo 88, numerales 8, 9 y 11 ejusdem.
Señaló Rodríguez Padrón que, en El Tigre, a pesar de las formalidades legales, las comunidades debidamente organizadas y acreditadas no se activaron para exigir la creación y funcionamiento de este vital órgano de planificación municipal.
Finalmente, indicó que desde hace varios años se ha venido asumiendo la sempiterna práctica burocrática del presupuesto reconducido, la cual afecta a toda la población. Esta conducta de «dejar de hacer» dificulta la formal rendición de cuentas a la que están obligados los administradores del erario público municipal. Además, evidencia la ausencia de profesionales en las áreas financiera, jurídica, tributaria y de planificación en el Poder Municipal, lo que devela una debilidad estructural y genera desconfianza en los sectores económico, empresarial y comercial, así como en los inversionistas y en los recursos humanos que aspiran a una carrera administrativa con certeza y seguridad social.
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