Entre apagones de seis horas y fluctuaciones letales, las familias de Anzoátegui enfrentan la pérdida sistemática de alimentos y electrodomésticos ante la mirada indiferente de la gestión estatal
Por Alberto García Sánchez
Regiones / Anzoátegui
LA NUEVA ANTORCHA. — La cotidianidad en el estado Anzoátegui se ha transformado en una carrera de obstáculos contra la oscuridad. Los racionamientos eléctricos, lejos de ser eventos fortuitos, se han convertido en una política de Estado no escrita que impone «siestas colectivas» de hasta seis horas. Bajo el inclemente sol oriental, la desconexión forzada no es un regreso a lo ancestral, sino una condena a la incomodidad extrema, donde el ciudadano común debe navegar entre el calor sofocante y la incertidumbre de no saber cuándo retornará el fluido a sus hogares.
El daño más silencioso, pero quizás el más doloroso, ocurre dentro de las neveras. Lo que debería ser el resguardo de la dieta familiar se convierte en un cementerio de esfuerzos económicos; tras horas sin refrigeración, los lácteos se descomponen, las carnes se pierden y los vegetales terminan en el cesto de la basura. Para el venezolano de a pie, cada apagón prolongado representa un golpe directo al bolsillo, una dieta «keto» impuesta por la ineficiencia que vacía las despensas y destruye la planificación mensual de cualquier hogar.
A la pérdida de insumos se suma la ejecución sumaria de los electrodomésticos. El regreso de la energía, usualmente marcado por picos de voltaje erráticos, actúa como un verdugo para lavadoras, televisores y computadoras. Ver una placa quemada o un motor frito se ha vuelto una anécdota trágica recurrente en sectores de Barcelona y Puerto La Cruz. Reparar estos equipos, en una economía dolarizada y con repuestos a precios prohibitivos, es hoy una meta inalcanzable para la mayoría, convirtiendo artículos de primera necesidad en simples adornos inservibles.
El confort térmico ha pasado a ser un lujo del pasado. Los aires acondicionados sucumben ante la inestabilidad del sistema, dejando las habitaciones transformadas en saunas humanas donde el descanso es imposible. Esta «soberanía energética» de la que alardean los discursos oficiales se traduce, en la realidad, en una dependencia absoluta de velas y linternas. Mientras las plantas termoeléctricas permanecen como estructuras fantasmales y la gestión hídrica naufraga, el ciudadano queda atrapado en una modernidad fallida que solo garantiza intermitencia.
Más allá de la ironía o el sarcasmo, el sentimiento general es de una profunda desprotección. Las excusas de «sabotaje» o «crisis climática» ya no permean en una población que ve cómo su patrimonio se esfuma entre chispazos y sombras. El sistema eléctrico nacional, y específicamente el de nuestra región, se encuentra en un estado de agonía que arrastra consigo la calidad de vida de miles de familias. Al final del día, mientras los responsables evaden soluciones de fondo, el pueblo solo espera que, al llegar el próximo corte, el daño sea menor que el anterior.