Por Eduardo Fernández
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.- El Centro Internacional de Formación y Políticas Públicas Arístides Calvani (IFEDEC) está convocando a un evento para discutir sobre el siguiente tema: “Venezuela, de la democracia que tenemos a la democracia que queremos”.
Pero ¿es que tenemos democracia en Venezuela? Yo me adelanto a expresar una opinión en el sentido negativo. No hay democracia en Venezuela.
El régimen político que prevalece en Venezuela puede llamarse de muy diversas maneras: autocracia, dictadura, etc., etc., pero de ninguna manera puede considerarse un estado de derecho democrático.
Doy algunos argumentos: en Venezuela no existe igualdad de oportunidades para una competencia democrática-electoral entre gobierno y oposición. En Venezuela sufrimos un régimen político que practica la persecución política, el encarcelamiento arbitrario de los adversarios políticos, el exilio forzado de los opositores. Un gobierno que cultiva una política de terror contra la oposición política. Basta con recordar la tristemente célebre “operación tun-tun”.
El gobierno venezolano resuelve arbitrariamente la inhabilitación política de sus adversarios, sin respetar el debido proceso. Violando los artículos 42 y 65 de la Constitución Nacional que establecen que nadie puede ser inhabilitado en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, particularmente el derecho a elegir y a ser elegido, sin un debido proceso y una sentencia firme conforme a lo establecido en la ley.
Recientemente se postuló como candidato para la alcaldía de El Hatillo un ciudadano, Leonardo Canache, y cuando fue a inscribir su nombre, fue notificado de que no podía hacerlo porque estaba “inhabilitado”. Supongo que la causa para inhabilitarlo fue su apellido que seguramente no es del agrado de los que “mandan” y tenía posibilidad de ganar. Pero, por supuesto, no medió ningún juicio, ni ningún “debido proceso” que le permitiera al inhabilitado “defenderse”.
No puede considerarse democrático un gobierno que interviene a su antojo, sin fórmula de juicio, a las directivas de los partidos políticos y sustituye a los dirigentes elegidos por la base de esos partidos y nombra a su antojo a directivos complacientes con el gobierno.
No puede hablarse de democracia en un país en el que los medios de comunicación de carácter público están monopolizados absolutamente por el oficialismo, sin ningún margen para opiniones disidentes. Y los medios privados están mediatizados y amenazados por el gobierno.
No puede hablarse de democracia cuando las campañas electorales de los candidatos del gobierno están financiadas con recursos públicos, sin ningún control y sin ninguna fiscalización. En donde, además, ha desaparecido la autonomía e independencia de las ramas del poder público, incluyendo al árbitro electoral y a la administración de justicia. En Venezuela existe un férreo control económico, social y político que es incompatible con una democracia verdadera.
Seguiremos conversando.