Por Ronny Leonardo Padrón Pérez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.- Conditio sine qua non para el Presidente electo de la República de Venezuela, el Lic. Edmundo González Urrutia. Ni más ni menos, esa es la meta que corresponde alcanzar a lo inmediato cumplida como ha sido una etapa electoral tan brillantemente culminada el pasado domingo 28 de julio con la victoria incuestionable del precitado connacional.
Sin embargo, como es sabido ese reconocimiento global se antoja esquivo por la naturaleza contraria a derecho del régimen de facto dominante en Venezuela. Es allí donde entra en juego la capacidad proverbial de esta nueva jefatura demócrata encabezada por la Ing. Machado, principal valedora del presidente electo. Porque se trata no solo de garantizar la asunción formal y constitucional del nuevo mandatario, sino sobremanera de poner fin a un genocidio que diezma a nuestro gentilicio al menos desde el año 2013.
Detener este estado de cosas pasa por la aplicación de una serie de medidas a ser solicitadas precisamente por un presidente electo, de allí la necesidad por obtener el antedicho reconocimiento de aquellas naciones democráticas que aún no se han pronunciado al respecto, por ende se requerirá de una especial participación en cabeza de la enorme comunidad emigrante criolla, la misma que obligada como ha sido a escapar de suelo patrio para salvarse ante la amenaza socialista, resultó además excluida por decisión del PSUV de su derecho constitucional al sufragio. La protesta pública, pacífica y organizada ante las sedes institucionales de los gobiernos extranjeros solicitando el reconocimiento para nuestro presidente electo debe estar a la orden del día.
Vale señalar que entre aquellas disposiciones que el presidente electo podrá solicitar a la comunidad democrática internacional una vez resultare formalmente reconocido como tal, destaca la inmediata aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, más conocida como la Convención de Palermo, entre otros instrumentos del Derecho Internacional Público, a objeto de coordinar el suficiente apoyo internacional que ponga fin a la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país ordenada como ha sido por el régimen de facto representado por el PSUV, habida cuenta que Venezuela adolece de fuerzas policiales y/o militares sujetas al ordenamiento jurídico. Oración y trabajo.
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