El cambio en el timón está muy próximo con viento en popa, «a todo vapor»
Por Ronny Leonardo Padrón Pérez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA.- En medio de la incipiente guerra global contra el tráfico ilícito y el consumo indebido de drogas, se va haciendo realidad el más terrible de los presagios: ese negocio inicuo ya ejerce poder político en varios países de América Latina, situación que exige respuesta proporcional habida cuenta el perjuicio de unas fuerzas militares y policiales al servicio de esos grupos delictivos organizados, némesis de cualquier sociedad.
Son cada día mayores las evidencias que imponen lucubrar sobre alternativas plausibles consagradas en el derecho nacional e internacional que hagan frente a tan grave problemática, capaz de mantener en jaque la existencia misma de la humanidad.
Así entonces considerando la capacidad ilimitada de esos grupos delictivos para ¨corromper hasta la médula¨ el tejido institucional de nuestros países, – ya lo demostró en los 80´s Pablo Emilio Escobar Gaviria- y reconociendo que América Latina no destaca precisamente por la fortaleza de sus órganos estatales, resulta sencillo colegir que podrían ser muchos los gobiernos democráticos despojados de su fuerza militar y policial a manos de los carteles de la droga.
Ante esa eventualidad vale recordar la excelente experiencia de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, los llamados Cascos Azules, presentes incluso en nuestro continente con motivo de la operación de paz en la hermana República del Salvador (ONUSAL) entre 1991 y 1995; con su organización militar creó y mantuvo un territorio de paz, monitorizando y observando la totalidad del proceso, pero además cooperó en la organización de un nuevo ejército y una nueva policía nacional, proporcionando apoyo, entrenamiento y asistencia para el restablecimiento pleno del orden y la seguridad.
Es decir, incluso ante una circunstancia de tanta complejidad como el negocio de la droga, el orden jurídico nos sigue brindando respuestas plausibles conforme a la civilidad. Queda en manos de los gobernantes democráticos legítimos aplicar en pro del bien común todas esas herramientas jurídico-políticas. Oración y trabajo.
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