Por Ronny Leonardo Padrón Pérez
Opinión
LA NUEVA ANTORCHA. — Ante el evidente cinismo del régimen de facto frente a la ausencia absoluta de su principal figura —detenido y procesado desde el pasado 3 de enero— y su total incapacidad para defender la legitimidad de la Constitución impuesta el 30 de diciembre de 1999, se hace evidente, como un hecho notorio y público, la imperiosa necesidad de restablecer la plena vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1961.
Este paso es fundamental, entendiendo que un marco normativo institucional sólido es una condición sine qua non para garantizar la continuidad republicana tras una grave ruptura constitucional que ya se extiende por 26 años. Estos últimos seis meses de usurpación e inestabilidad institucional deberían ser suficientes para que la comunidad democrática internacional comprenda lo que el pueblo venezolano ya ha asimilado: es un contrasentido pretender el éxito de una transición democrática de la mano de los propios actores que han desmantelado el Estado de derecho.
La innovación en el ámbito de la ciencia política también conlleva altos riesgos. Cuando las potencias aliadas intentaron instrumentalizar el aparato militar y policial del régimen de facto para forzar una transición, no solo incurrieron en un fallo táctico, sino que demostraron que el restablecimiento de la constitucionalidad democrática nacional solo será viable mediante una acción política contundente, liderada por la propia dirigencia democrática legítima, respaldada por la soberanía popular el pasado 22 de octubre de 2023.
Bajo este escenario, el apoyo de los aliados internacionales terminará alineándose, por pragmatismo y conveniencia geopolítica, a las directrices de un nuevo Gobierno de Transición y Unidad Nacional, bajo el estricto cumplimiento del artículo 250 de la Constitución de 1961. Prohibido olvidar. Oración y trabajo.
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