Una comunicación escrita enviada a Jorge Rodríguez busca modificar el instrumento jurídico para «corregir desviaciones» y reconstruir la confianza en las instituciones democráticas del país
Con información NTN24
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — En una admisión implícita del carácter punitivo y represivo de la instrumentación legal en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez dirigió una comunicación escrita a Jorge Rodríguez, cabeza de la Asamblea Nacional, en la que solicita la reforma parcial de la «Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia». La mandataria señaló en el texto que la modificación legislativa servirá para «reconstruir la confianza en las instituciones», «dinamizar la vida democrática» y corregir las «desviaciones» surgidas durante su aplicación dentro del sistema de justicia penal.
Aprobada en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, esta normativa fue denunciada desde su concepción por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos por funcionar como un mecanismo de censura y persecución política. Sus ambiguos artículos tipificaron conductas de protesta social o disidencia informativa con severas sanciones de hasta 20 años de cárcel, convirtiéndose en el principal sostén legal del régimen para silenciar voces críticas y acorralar la libertad de expresión.
Un ejemplo emblemático de violación de los derechos humanos bajo el amparo de esta ley fue el arresto arbitrario y posterior enjuiciamiento de defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos comunes solo por expresar opiniones críticas en redes sociales o denunciar fallas en servicios públicos. En múltiples casos, detenciones arbitrarias ejecutadas sin orden judicial terminaron en imputaciones automáticas por «incitación al odio», sometiendo a las víctimas a tratos crueles, aislamiento e inhabilitación política sin el debido proceso ni garantías constitucionales.
Asimismo, la aplicación de la ley sirvió como justificación para perpetrar agresiones directas contra el gremio periodístico y medios de comunicación. Diversas estaciones de radio y portales digitales resultaron bloqueados, sancionados o clausurados bajo la premisa de difundir mensajes catalogados de «intolerantes», mientras que numerosos comunicadores sociales sufrieron persecución judicial y exilio forzoso tras encarar imputaciones penales derivadas del ejercicio de su labor informativa.
Ante el anuncio del Ejecutivo, sectores de la oposición y defensores de los derechos humanos han manifestado un firme escepticismo. Diverso gremios han rechazado que la medida se limite a una simple modificación de forma y exigen la derogación total y definitiva de la ley, argumentando que cualquier intento por sanear la vida democrática exige eliminar de raíz los instrumentos de criminalización y otorgar la libertad plena e incondicional a todos los presos políticos.