Por José Manuel Salazar M.
Opinión
NUEVA ANTORCHA. — El decreto de duelo nacional emitido por el régimen, una semana después de la tragedia, no es un acto de empatía institucional, sino una calculada estrategia de control de daños y contención de la opinión pública. Esta medida responde directamente al creciente descontento social y a la evidente incapacidad operativa del Estado ante la emergencia.
Con este formalismo, el régimen busca recentralizar la agenda pública y recuperar un protagonismo que, desde el primer momento, asumieron de forma natural los ciudadanos, el sector privado, las fuerzas democráticas venezolanas y los grupos de rescatistas internacionales.
Políticamente, el decreto tiene un impacto estratégico inmediato sobre las fechas clave de julio, especialmente de cara al 5 de julio, Día de la Independencia. Al redefinir el tono de la fiesta patria bajo el manto del luto oficial, el régimen encuentra la excusa perfecta para suspender actos públicos masivos. De este modo, mitiga el riesgo de aglomeraciones y neutraliza posibles focos de protesta en todo el país.
Cada movimiento del aparato estatal demuestra que el régimen no da un solo paso sin calcular su supervivencia. Ante esta manipulación, la oposición debe mantenerse firme, preservar una unidad indiscutible y concentrar todos sus esfuerzos en el objetivo superior: lograr elecciones libres y prontas para poner fin a este modelo criminal.