Basada en los reportes más recientes de mayo de 2026: A pesar de cumplirse el plazo de 45 días de medidas restrictivas anunciado por el Ejecutivo, estados del interior del país reportan cortes de hasta ocho horas diarias y una infraestructura termoeléctrica paralizada
Con información de Nota de Prensa
Nacionales
LA NUEVA ANTORCHA. — El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa uno de sus momentos más críticos en lo que va de año. Tras el vencimiento del Plan de Ahorro Energético de 45 días implementado por el gobierno nacional, los reportes provenientes de regiones como Carabobo, Zulia y los Andes indican que los apagones no solo persisten, sino que se han intensificado. Mientras en la capital del país se experimentan constantes fluctuaciones de voltaje que ponen en riesgo equipos industriales y domésticos, en el interior la población denuncia una «justicia territorial» inexistente ante la discrecionalidad de los cortes.
Expertos en el sector, como el ingeniero Leancy Clemente, advierten que la brecha entre la generación y la demanda sigue siendo insalvable con la infraestructura actual. De una capacidad instalada nominal de 30,000 MW, el país apenas logra generar cerca de 12,000 MW, una cifra que no alcanza a cubrir el requerimiento mínimo de 15,000 MW para un funcionamiento estable. Esta deficiencia obliga a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a mantener esquemas de racionamiento severos, afectando la producción agrícola, el comercio y la ya precaria calidad de vida del ciudadano común.
El deterioro estructural responde, según especialistas y exparlamentarios, a una década de desinversión y opacidad en la gestión de recursos. Se estima que durante los últimos años se destinaron más de 100 mil millones de dólares al sector eléctrico sin resultados tangibles; plantas emblemáticas como TermoZulia operan actualmente a menos del 20% de su capacidad. La dependencia casi absoluta de la Central Hidroeléctrica del Guri mantiene al sistema en un estado de vulnerabilidad extrema ante fenómenos climáticos, mientras el parque termoeléctrico nacional permanece mayormente inactivo por falta de mantenimiento y combustible.
La administración de Delcy Rodríguez ha intentado paliar la crisis mediante el uso de «drones térmicos» para detectar puntos calientes y supuestas alianzas con empresas internacionales como Siemens y General Electric para el estado Zulia. No obstante, las promesas de estabilización chocan con la realidad de los hospitales y sectores comerciales que, ante la falta de una red confiable, dependen de plantas eléctricas privadas cuyo funcionamiento es costoso y limitado por la escasez de combustible.
Ante este escenario, la sociedad civil y gremios profesionales exigen una auditoría profunda y una rendición de cuentas sobre los fondos asignados históricamente al Ministerio de Energía Eléctrica. La crisis energética de 2026 no es vista solo como una falla técnica, sino como la consecuencia directa de una gestión marcada por denuncias de corrupción y la desprofesionalización de las instituciones encargadas de garantizar el servicio más básico para el desarrollo de la nación.